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El Partido Popular denuncia ante Bruselas el retraso de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y lo atribuye a los “escándalos” del Gobierno

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MADRID, 07 (SERVIMEDIA)

El Partido Popular aseguró este lunes que “no es casualidad” que el Gobierno de Pedro Sánchez demore la aprobación de la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando “le acorralan cada vez más los escándalos” de corrupción, y denunció ante la Comisión Europea que el Ejecutivo ha incumplido los plazos establecidos en el Informe del Estado de derecho de España 2024.

“No es casualidad que el Gobierno de Sánchez retrase cumplir la ley para mejorar la lucha contra la corrupción, mientras le acorralan cada vez más los escándalos”, afirmó la portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, quien recordó que el Gobierno estaba obligado a aprobar, antes de septiembre de 2024, “una estrategia global destinada a prevenir y combatir la corrupción”, que incluye la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dado que no se ha producido este paso y se trata de “una norma crucial para mejorar la lucha contra la corrupción”, el PP ha denunciado ante la Comisión Europea el retraso del Gobierno de Pedro Sánchez en la aprobación de la reforma de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LEC), “una norma crucial para mejorar la lucha contra la corrupción”.

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En concreto, en una pregunta parlamentaria, el PP recalca que “no se ha presentado dicho texto ni tampoco se ha avanzado en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con la que se debe abreviar la duración de la investigación y el enjuiciamiento de los delitos”.

Así, pregunta a la Comisión Europea qué plan de actuación va a llevar a cabo para presionar al Gobierno a mejorar la lucha contra la corrupción, “teniendo en cuenta que el Gobierno de Pedro Sánchez está acechado en estos momentos por diferentes escándalos de corrupción que implican a su esposa, a su hermano y a exministros del Ejecutivo, que incluso afectan a fondos europeos”.

Asimismo, interpela al Ejecutivo Comunitario para saber si va a dotar de presupuesto y personal suficiente para conseguir “una correcta aplicación” de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


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