SEVILLA, 6 (EUROPA PRESS)
El PP-A defenderá una proposición no de ley en el Parlamento andaluz en la que pide que el Gobierno central consensúe un “verdadero programa de regeneración democrática” y no de “retroceso” o “partidismo”.
En la iniciativa, se pide que el Parlamento manifieste su “más firme rechazo a la involución y retroceso en la calidad democrática de las políticas públicas que está teniendo lugar en nuestro país”, en especial en la Administración General de Estado, y apele a salvaguardar los derechos y libertades recogidos en el ordenamiento, así como a que no se utilicen las instituciones básicas estatales para fines “partidistas, personales y espurios, en vez de atender al interés general y a la legalidad vigente”.
Asimismo, se plantea instar al Gobierno central a que se “abstenga de adoptar medidas de manera unilateral que atenten contra la libertad de información, de pensamiento y de expresión por ser estas condiciones indispensables para que nuestro sistema político pueda ser validado democráticamente”, así como a que cese en “su ataque y descalificación constante contra los medios de comunicación y el poder judicial, desde la manipulación interesada”.
Otra demanda al Ejecutivo nacional es que consensúe “un verdadero programa de regeneración democrática que, entre otros aspectos, garantice la profesionalización e independencia de las instituciones del estado, frente a la colonización, nepotismo, opacidad y arbitrariedad que existe”, y que “contemple un texto legal que recoja las pautas para la configuración de gobiernos, a efectos de que respondan a un número razonable y proporcionado de ministerios y altos cargos, así como a criterios de moderación para el nombramiento de asesores y miembros de los gabinetes del Gobierno”.
Se plantea que ese programa de regeneración democrática establezca “mayores controles que garanticen la mayor efectividad para la lucha contra la corrupción y que deje sin efecto la reforma del delito de malversación, promovida para beneficiar a aquellos que atentaron contra la integridad territorial del estado y que, en todo caso, debilita los instrumentos jurídicos para luchar contra todo tipo de corrupción reponiendo las penas anteriores”.
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