SEVILLA, 4 (EUROPA PRESS)
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) de Andalucía, ha exigido “responsabilidad política” al Gobierno, al tiempo que ha advertido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que “si hay una sentencia, el primer Estado miembro que tiene que reclamar la modificación del acuerdo entre Marruecos y la Unión Europea (UE) es España”, pues en este pacto “la producción española es la más afectada”.
Al hilo de lo anterior, el responsable de Frutas y Hortalizas de COAG-A, Andrés Góngora, ha señalado, en una entrevista con Canal Sur Televisión, que “no puede ocurrir como pasó hace cinco años, que el primero que defendió que el acuerdo no se modificara fue el actual Ministro de Agricultura”.
En este contextoo, ha criticado que “las producciones procedentes del Sáhara Occidental no pueden considerarse producción marroquí” ni “se pueden acoger a los beneficios del acuerdo que la Unión Europea (UE) tiene con Marruecos”, pues “hay una sentencia de la UE que lo expone claramente”. Así ha advertido que el Sáhara Occidental “se ha convertido en la gran zona de expansión de inversores marroquíes, españoles y franceses, para acogerse a los beneficios del acuerdo de asociación”.
Al respecto, ha revelado que “solamente” en la península de Dakhla, antes Villacisneros, ubicada en el Sáhara Occidental, “hay más de 500 hectáreas de invernaderos de la empresa Azura del sur de Francia”. Asimismo, ha agregado que, además, “el cultivo de cítrico y melón también entra como producto marroquí y se acoge a los beneficios del acuerdo”.
En este sentido, Góngora ha manifestado que “la sentencia es muy clara”, los productos procedentes del Sáhara Occidental “no son producción marroquí y por lo tanto no se puede acoger a los beneficios del acuerdo y en su etiquetado debe aparecer su país de origen”.
Ante ello, el responsable de Frutas y Hortalizas ha indicado que el comisario de Agricultura y Desarrollo Rural de la Unión Europea, Janusz Wojciechowski, “tiene que modificar el acuerdo de asociación, donde en su día, de forma poco transparente, incluyeron esos territorios, precisamente, porque ya el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) indicó que ahí había un problema”. Por lo tanto, “la justicia no ha dado la razón y solo cabe acatarla”, ha aseverado.
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