SANTA CRUZ DE TENERIFE, 4 (EUROPA PRESS)
La consejera de Presidencia, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Lady Barreto, ha admitido este viernes que hay “problemas” para garantizar los pagos a las ONG que gestionan los centros de menores migrantes en las islas en el último trimestre del año hasta el punto de que algunos están en riesgo de cierre.
En respuesta a una pregunta del Grupo Socialista en comisión parlamentaria ha cargado contra el “abandono” del Gobierno central, que no ha aportado “ni un euro” para la acogida cuando la factura alcanza ya los 165 millones de euros.
Barreto ha criticado también que el Gobierno haya exigido a los partidos en el Congreso de los Diputados el voto previo para convalidar un decreto ley pues “no lo ha hecho para ningún otro”.
“No importaría perder votaciones o someterse si se pierden, pero para modificar la ley de extranjería y tratar con dignidad a los menores, sí”, ha denunciado.
La consejera ha insistido en que hay una “gran diferencia” entre el “apoyo” que ofrece el PSOE y el del Gobierno central pues el Ejecutivo, tras anunciar una partida de 50 millones para Canarias, lo único que ha hecho es aprobar 30 millones y a “repartir” entre todas las comunidades autónomas.
Sobre las críticas del PSOE a la falta de agilidad en las pruebas forenses para la determinación de la edad de los migrantes ha dicho que el Gobierno canario solo actúa como “ente instrumental” y a petición de la Fiscalía.
“Nos solicitan que hagamos las pruebas, bien a Sanidad, bien a nosotros, se hacen y se emite el informe forense”, ha destacado, subrayando que es competencia del Gobierno de España determinar “quiénes son o no son menores”, no es el Gobierno de Canarias.
“Tanto es así que el año pasado, cuando se produjo un colapso a finales de año, es la propia Fiscalía, porque es su competencia, la que solicita al Gobierno de España apoyo para poder desatascar la identificación de las pruebas”, ha apuntado.
“NO HAN MOVIDO UN DEDO”
Rosa Bella Cabrera (PSOE) ha cuestiona la “operación de propaganda política, mediática e institucional” puesta en marcha por el Gobierno canario en torno a la reforma de la ley de extranjería, la aprobación de un protocolo propio de acogida de menores y la firma de un pacto migratorio con el PP.
En ese sentido, ha preguntado si a raíz del nuevo protocolo –suspendido cautelarmente por el TSJC– se habría logrado que las pruebas de identificación de edad se realicen de forma “ágil y eficaz”.
Así, ha dicho que el no han establecido un protocolo específico para agilizar estas identificaciones ni han externalizado las pruebas pese a que no disponían de los equipos suficientes, “y no han movido un dedo para propiciar que las pruebas se hagan en la isla de llegada”.
En la pasada legislatura, en cambio, ha subrayado que se realizaron en el Hospital de El Hierro las radiografías y se externalizaron en un centro de la propia isla las ortopantomografías, agilizándose de esta manera los informes forenses y las resoluciones de Fiscalía.
“¿Vamos a tener que seguir escuchando noticias de niños y niñas esperando en dependencias policiales o en un centro de adultos por una prueba forense?”, se ha preguntado, al tiempo que ha reclamado al Ejecutivo regional que asuma sus competencias mientras no se modifique la ley y tomen medidas extraordinarias “para agilizar de verdad y no de boquilla las pruebas y los informes forenses”.
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