VALLADOLID, 3 (EUROPA PRESS)
La política de vivienda centrará el debate en el pleno de las Cortes de los días 8 y 9 de octubre a través de sendas proposiciones no de ley de los Grupos Popular, que pide derogar la ley estatal por “incumplimientos, imposiciones y amenazas”, y del Grupo Socialista, que exigirá el cumplimiento de la norma dada la “oposición frontal” de la Junta a la que reprocha su “nula” política de vivienda.
Así se han pronunciado el portavoz del Grupo Popular, Ricardo Gavilanes, y la viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urban, en las sucesivas ruedas de prensa posteriores a la Junta de Portavoces que ha fijado el orden del día del próximo pleno que concluirá con la toma en consideración de la proposición de Ley de bomberos forestales del PSOE.
Los ‘populares’ pedirán en concreto derogar la actual Ley para iniciar la tramitación de otra norma que cuente con la participación y con el consenso de las comunidades autónomas y reclaman incrementar la financiación a Castilla y León en el nuevo Plan Estatal de Vivienda “de acuerdo con su peso poblacional, la extensión territorial y dispersión y atomización de los núcleos de población” y del esfuerzo presupuestario de la Comunidad.
Asimismo, instarán al Ejecutivo a ejecutar el anuncio de puesta a disposición de 180.000 viviendas sociales anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Por su parte, los socialistas recuerdan en su PNL que las competencias en materia de vivienda son “única y exclusivamente” autonómicas y acusan a la Junta de pretender que el Gobierno de España “le resuelva la papeleta”.
Los de Luis Tudanca pedirán que se declaren zonas de mercado residencial tensionado y que se construya en los próximos dos años un parque público de vivienda en alquiler asequible dotado con, al menos, 5.000 viviendas, que se garantice como precio máximo del alquiler de estas viviendas el 30 por ciento de los ingresos de la unidad de convivencia y que no sean descalificadas como vivienda de alquiler asequible de forma permanente durante toda su vida útil.
También propondrán que se consignen 150 millones de euros en los próximos presupuestos para la creación en el plazo de dos años de un parque de 2.000 viviendas en alquiler asequible en el marco de la colaboración público-privada de titularidad privada y con los dos mismos condicionantes.
“Si se hicieran tantas viviendas como debates quizás la situación fuera un poco mejor”, ha ironizado al respecto el procurador por Valladolid en el Grupo Mixto Francisco Igea.
Por su parte, el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya! ha registrado una PNL sobre la Fundación Castilla y León mientras que el Grupo Vox propondrá con su iniciativa establecer una bonificación del 99 por ciento en el impuesto de sucesiones en los grados III y IV, es decir, de tíos a sobrinos.
El portavoz de Vox, Juan García-Gallardo, ha puesto como ejemplos “casos que se repiten muy frecuentemente” en Castilla y León de tíos solteros y sin descendencia que tienen unas tierras que, al no tener a quién dejárselas en una primera línea sucesoria, pasan a ser improductivas y se pierden. Los de Vox proponen aliviar esta carga fiscal para que un sobrino pueda suceder a su tío en la titularía de esa tierra.
También instarán a la Junta a la supresión en la práctica del impuesto de patrimonio y la bonificación del mismo de tal manera que no redunde en los ingresos de la administración la recaudación por medio del Impuesto de Solidaridad de Grandes Fortunas.
“Quien quiera sumarse, que se sume y quien quiera votar en contra, que lo explique”, ha retado García-Gallardo que ha acusado al PP de presentarse “como ese partido que baja los impuestos” y que defiende la capacidad económica de las familias para negar después las verdaderas rebajas fiscales que proponen los de Vox. “Del dicho al hecho hay un trecho”, ha reprochado a sus exsocios de gobierno.
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