PALMA, 3 (EUROPA PRESS)
El Govern abrirá una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven en 2024 y 2025, una vez que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha acordado el reparto de 4,8 millones de euros para Baleares para la primera de las convocatorias.
Esta medida se ha adoptado en la Conferencia sectorial de Vivienda y Agenda Urbana, entre el Gobierno de España y los gobiernos autonómicos, en la que ha participado el director general de Vivienda y Arquitectura del Govern, José Francisco Reynés, según ha indicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en una nota de prensa.
En la conferencia convocada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, se ha aprobado la distribución de los recursos estatales para financiar el programa Bono Alquiler Joven para el ejercicio 2024. Así, a la espera de su aprobación por parte del Consejo de Ministros, la Conselleria ya puede empezar a preparar la convocatoria de esta línea de ayudas para 2024 y 2025, de cara a su aprobación y publicación durante el primer trimestre del próximo año.
Baleares recibirán 4,8 millones de euros para estas ayudas en 2024, la misma cuantía anual que en la convocatoria anterior 2022-2023, según la distribución territorial comunicada por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Estas ayudas se destinan a jóvenes de hasta 35 años titulares de contratos de alquiler mensual de su vivienda permanente y regular. El Govern ya reclamó hace un año al Ministerio la prórroga del Bono Alquiler Joven.
La cuantía de la ayuda es de hasta 250 euros mensuales durante dos años y pueden optar jóvenes con alquileres mensuales de hasta 900 euros en las Baleares, de acuerdo con los requisitos fijados por el Ministerio. De la anterior convocatoria del Bono Alquiler Joven 2022-2023, el Govern suma nueve resoluciones de pago por un importe global de 6,5 millones de euros a cerca de 1.400 personas beneficiarias.
Por otro lado, en la reunión también se ha debatido el nuevo Plan Estatal de Vivienda, sobre el que el Govern ha manifestado, junto con otras comunidades, su “rechazo” al planteamiento de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, de supeditar la financiación estatal en materia de vivienda a la aplicación, por parte de las comunidades autónomas, de medidas incluidas a la Ley estatal de Vivienda, pese a que “se trata de medidas que no son de obligado cumplimiento, sino que son potestativas de las comunidades como es la declaración de zonas tensionadas”.
El Govern ha defendido que el Ejecutivo central tiene “la obligación de repartir de forma equitativa” los recursos públicos entre las diferentes comunidades, y ha recordado que no declarar zonas tensionadas no supone “ningún incumplimiento” y que se trata de una medida “intervencionista de cariz ideológico”, tal como han manifestado también otras comunidades.
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