PALMA, 2 (EUROPA PRESS)
La Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) ha reprochado al Govern que el incremento del impuesto de turismo sostenible (ITS) será una “nueva penalización” a los visitantes que se alojan en la “oferta reglada” mientras la “oferta ilegal campa a sus anchas”.
De esta manera ha reaccionado la organización empresarial al anuncio que ha hecho la presidenta del Govern, Marga Prohens, de subir este gravamen durante la celebración del Debate de Política General en el Parlament.
La FEHM ha recalcado que ha manifestado su apoyo, como tantas otras organizaciones y entidades participantes, a la Mesa del Pacto por la Sostenibilidad Social y Política de Baleares para “dar una oportunidad a una manera de trabajar distinta y novedosa” pero, a su juicio, las medidas “urgentes” anunciadas les “defraudan por su escasa ambición” y por no ser “más certeras”.
En ese sentido, han indicado que aunque están al inicio del proceso, para los hoteleros es “evidente” y “manifiesto” que los participantes, los grupos parlamentarios y la sociedad en su conjunto tienen “perfectamente identificadas” que las dos cuestiones “prioritarias y urgentes que concentran la mayor preocupación en Baleares son la vivienda y la movilidad”.
Desde la FEHM entienden que el problema de la vivienda es “complejo” y requiere un abordaje “poliédrico”, sin embargo han incidido en que se ha perdido una “oportunidad de oro” para demostrar “decisión” y “agilidad” con una “apuesta clara por devolver al mercado la inmensa bolsa de viviendas que, concebidas para un uso residencial, están dedicadas, con licencia o no, a una actividad económica y que han desviado miles de pisos del uso residencial al turístico”.
Así, han alegado que esto “ha agravado la escasez” que padecen los ciudadanos, trabajadores y jóvenes que aspiran a emanciparse y se “dificulta la convivencia y el descanso”, como han advertido los colectivos vecinales.
De este modo, han citado las limitaciones que en esta materia regulaba la Ley balear de Turismo, en el apartado de comercialización de estancias turísticas en viviendas.
Para la FEHM, si bien los legisladores ya eran conocedores de lo que “iba a generarse, persistieron en el efecto llamada al enarbolar la bandera de la economía colaborativa, que ha desembocado en más de 98.000 plazas de alquiler vacacional en los últimos años”.
“Sus vaticinios se han cumplido y multiplicado, al llegar a una situación límite por inacción, falta de inspección, sanción y ausencia de aprovechamiento de las herramientas tecnológicas”, han defenido.
Asimismo, han señalado que a pesar de la “insostenible precariedad” en el acceso a la vivienda, se asiste a un escenario en el que el Govern afirma que se garantizará “la continuidad de las plazas regladas en alquiler turístico, en plurifamiliares en todas las islas”, a pesar de que en la ley citada anteriormente se expresa que “estas viviendas que ofrezcan estancias turísticas estén siempre sujetas a la permisividad o no de estos instrumentos, sin que la no posibilidad de renovación pueda generar derechos, incluido el derecho de indemnizaciones”.
Por eso, han reiterado que esta ha sido una “ocasión perdida” para anunciar que solo se permitiría el alquiler vacacional en viviendas unifamiliares aisladas, para “aliviar parte de la presión en materia de emergencia habitacional”.
“Tampoco resulta esperanzador esperar al levantamiento de la moratoria para que no se concedan más plazas en alquiler en plurifamiliares cuando los responsables de revisar el Plan de Intervención en Ámbitos Turísticos (PIAT), en el caso de Mallorca, llevan ya un par de años de retraso desde que se les impusiera esta obligación legal de revisar a la baja”, han subrayado.
Por otro lado, han reconocido las iniciativas de Prohens en materia de movilidad, aunque, desde su punto de vista, “se han olvidado de poner al usuario en el centro de las políticas”. En esta cuestión, han reivindicado el avance en un área única de prestación del servicio de taxi.
Finalmente, han considerado “muy desacertado” el anuncio del incremento del canon de agua a los grandes consumidores y la rebaja a los domésticos.
Aquí han propuesto “incentivar la corresponsabilidad de todos los consumidores” para que sean “respetuosos” con un recurso escaso y abogar por un uso “más racional”, objetivo han asegurado que “no se logra con un trato discriminatorio y con una rebaja que puede disuadir de hacer un uso racional del mismo”.
Aún así, han admitido que son “muchos anuncios” de los que estarán “pendientes de la letra pequeña”, que han reivindicado que “debería escribirse desde el diálogo y el consenso y la colaboración público-privada”.
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