MADRID, 02 (SERVIMEDIA)
El Gobierno, el Partido Popular y el Gobierno de Canarias continúan manteniendo contactos discretos para sacar adelante la Ley de Extranjería, pero fuentes conocedoras de las conversaciones manifestaron a Servimedia que uno de los principales escollos sigue siendo la financiación.
El Ejecutivo está dispuesto a seguir “puliendo detalles” en las reuniones que mantiene con el PP y el Gobierno canario para sacar adelante la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería. De hecho, las partes implicadas confirman que se “está avanzando” con un “contacto permanente”. Pero desde el PP avisan de que todavía están “muy lejos” de un acuerdo a cuenta de la financiación.
Desde que el Ejecutivo presentó el 23 de julio en la Cámara Baja la admisión a trámite de esta norma, la financiación ha sido siempre el escollo para los populares, que votaron en contra junto a Vox y Junts, al no ver este punto –además de otras reivindicaciones– incluido en la norma.
Las fuentes consultadas confirman que el PP insiste en que el Gobierno central debe ayudar a sufragar la manutención de los menores cuando las comunidades lleguen al 100% de su capacidad. La ministra de Infancia y Juventud, Sira Rego, se abrió esta posibilidad la semana pasada en un foro social organizado por la Fundación Pere Tarrés en Barcelona. Rego señaló en este acto que en que la financiación no puede ser un problema y que, por tanto, “habrá presupuesto”.
Hasta este momento, desde el Ejecutivo se habían cerrado en banda a introducir la financiación por ley. “¿Y cuándo no se pueda otorgar desde el Gobierno esa cantidad estipulada qué pasará?”, se preguntaban entonces. El PP se plantó y, con el apoyo de Canarias, exigió al Ejecutivo una nueva propuesta que incluyera mayor financiación por ley “para que las comunidades puedan atender a estos niños de verdad”.
Finalmente, el Gobierno ha virado su posición inicial y ha accedido a implicarse en la acogida de menores cuando los centros de menores de las autonomías lleguen al 100% de su capacidad. Pero el conflicto reside ahora en cómo se determina ese umbral y el posterior reparto de los jóvenes migrantes.
El PP y Canarias pidieron que los recursos disponibles de las autonomías se calculen en base a su capacidad en marzo 2020. El Gobierno, en cambio, propuso esta semana hacerlo con los datos de 2024. Y apostó por relocalizar a los menores según la población de cada territorio. El PP rechaza esta propuesta y sospecha que el Gobierno busca crear una fractura entre Feijóo y Clavijo. “Estamos muy lejos”, coincidieron en señalar a Servimedia tres cargos de la dirección del PP.
Además, desde Génova recordaron que la financiación no es el único escollo, ya que su acuerdo con Canarias establece 10 exigencias “irrenunciables” para reforzar la política migratoria. Entre ellos, las fuentes consultadas destacaron la posibilidad de solicitar el traslado de migrantes a otros Estados europeos a través del Mecanismo Voluntario de Solidaridad.
La idea de las tres partes es avanzar bajo la “confidencialidad”, aunque en el PP existen recelos y malestar ante las últimas filtraciones. Por parte del Gobierno, el ministro de Política Interterritorial, Ángel Víctor Torres, insistió este miércoles en su voluntad de “caminar de manera confidencial” para conseguir “el mejor acuerdo” para los menores migrantes no acompañados.
“La voluntad es que esta vez podamos conseguir avanzar en una modificación del artículo 35 en las Cortes Generales, pero entiendan que cuando llegamos a un acuerdo de discreción, de trabajo interno, de reuniones entre las partes con caminos en los que podemos encontrar puntos en común, no distorsionemos todo eso con sacar información de las mismas”, dijo para añadir que “el deseo” del Gobierno es que el diálogo “llegue a buen puerto”.
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