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Parlamento seguirá tramitando la ley de participación de sindicatos y empresarios con votos contrarios de Vox y Adelante

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SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)

El Pleno del Parlamento de Andalucía ha votado este miércoles favorablemente a que continúe la tramitación por la vía de urgencia de la Proposición de Ley de participación institucional de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de Andalucía.

Lo ha hecho con los votos favorables del grupo proponente, el Grupo Popular, el Grupo Socialista y Por Andalucía. Ha recibido los votos contrarios de Vox en Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía. La iniciativa recibió el criterio favorable del Consejo de Gobierno en su reunión del día 17 de septiembre.

La Proposición de Ley busca potenciar los mecanismos de concertación social a través de reconocer el papel de los agentes sociales y económicos más representativos de Andalucía y garantizando que puedan realizar eficazmente su labor en todos los ámbitos e instancias de participación institucional existentes o que se constituyan en el futuro y, en su caso, alcanzar nuevos acuerdos de concertación social.

Con su futura aprobación se garantiza situar a Andalucía en el grupo de comunidades que han regulado por ley la participación institucional de los agentes sociales y con ello se garantiza el ejercicio de las funciones que la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía para Andalucía reconocen a estas organizaciones en ámbitos como intereses laborales, económicos y sociales que corresponden a trabajadores y empresarios.

El Gobierno andaluz considera que esta Proposición de Ley ratifica su compromiso con el “diálogo y la participación social, consciente de que la concertación social es una poderosa, justa y eficiente vía para alcanzar el desarrollo de los intereses sociales y económicos de Andalucía”, además de considerarlo “un instrumento de buena gobernanza y de calidad institucional”.

El Gobierno andaluz reivindica acuerdos como el de Reactivación Económica y Social de Andalucía de julio de 2020, reforzado con la firma el 22 de marzo de 2021 del Acuerdo Andaluz de Medidas Extraordinarias en el Marco de la Reactivación Económica y Social, así como la firma el 13 de marzo de 2023 del Pacto Social y Económico por el Impulso de Andalucía.

En este pacto se incluyó de forma expresa la necesidad de iniciar la tramitación parlamentaria de una Ley de Participación Institucional para garantizar el diálogo social.

El texto prevé, cuando se apruebe y seguidamente entre en vigor, a que “con carácter excepcional” el Consejo de Gobierno establezca “los importes correspondientes a la participación institucional prevista en esta ley para el año 2024” y, consecuentemente, “autorizar las transferencias de créditos necesarias”.

El Título III prevé la compensación anual por participación institucional sin carácter de “naturaleza jurídica subvencional”.

LOS GRUPOS

El Grupo Popular ha tenido una doble participación en el debate de la Proposición de Ley por cuanto en primer lugar su defensa ha corrido a cargo del portavoz, Toni Martín, mientras que el cierre lo ha asumido el portavoz adjunto, Pablo Venzal.

Martín ha asegurado que “como portavoz del Grupo Parlamentario Popular nos está resultando más fácil el diálogo social que el político”, de lo que ha puesto como ejemplo la polémica surgida con los grupos parlamentarios a raíz del encuentro que tuvieron con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, donde se les hizo entrega de un decálogo de materias para negociar al que no aludieron en sus comparecencias informativas, al tiempo que ha defendido que “la mayoría social está aquí”, sobre la representatividad de los grupos en la Cámara autonómica.

Venzal ha reivindicado que ha sido iniciativa del Partido Popular dar cumplimiento a un mandato del Estatuto de Autonomía sobre regular por ley la participación institucional de los agentes sociales y apuntar que se hace “con casi 20 años de retraso”.

El portavoz adjunto ha afirmado que el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, le ofreció al secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, “firmarlo conjuntamente como un texto de consenso”, oferta que desechó, según su relato, así como ha sostenido frente a las críticas de Vox por la financiación a los sindicatos que en otras comunidades como Cataluña se incluye con carácter plurianual.

La socialista Irene García ha asegurado que su partido “se toma muy en serio su tramitación”, antes de reivindicar el pedigrí que tiene en este asunto por cuanto ha blandido que “algunos hemos escrito algunas páginas de la concertación, aunque se quieran arrancar de cuajo”, donde ha incluido que “un gobierno socialista dio carácter estatutario a la concertación”, antes de indicar que “queremos mejorar esta ley que creemos es imperfecta”.

García ha sostenido que la Proposición de Ley “es una enmienda a la totalidad a la postura del PP” en este terreno, antes de reclamar que “la efectividad de esta ley no quede al albur de quien gobierne esta tierra” y pedir que los agentes sociales tengan “una participación real y efectiva” frente a prácticas que ha descrito como recibir “la documentación por whatsapp la tarde antes”.

El diputado de Vox Benito Morillo ha afirmado que “este proyecto es un panfleto”, convencido de que entraña “un blanqueo de las siglas que han protagonizado los mnayores escándalos de la democracia”, con la idea de que “es el precio de la paz social”, para hablar entonces de “las facturas falsas de UGT entre 2001-2011 con el dinero de la formación”, a lo que ha sumado el caso ERE, donde ha incluido a UGT y CCOO “señalados por usos indebidos de estos fondos”.

Morillo ha criticado “una representatividad que no les corresponde” a los agentes sociales y ha lamentado que “van a ser los sindicatos corruptos los que pondrán precio a la participación institucional”, mientras ha sostenido que “el pluralismo sindical sí es rasgo distintivo de una sociedad democrática”.

MINUTO DE SILENCIO POR MIGRANTES FALLECIDO EN LA INTERVENCIÓN DE NIETO

En el turno de intervención de la portavoz del Grupo Parlamentario Por Andalucía, Inma Nieto, a instancias de ésta, se ha guardado un minuto de silencio dentro de sus 10 minutos asignados en memoria de los migrantes fallecidos y desaparecidos en la ruta atlántica. Todos los consejeros y diputados presentes en la Cámara se han puesto de pie ante el minuto de silencio, menos los integrantes de Vox.

Nieto ha expresado “la buena disposición” de su grupo a participar en la tramitación de la norma, aunque ha advertido de que “no se pueden confundir: tocar una corneta no es invitar al diálogo”, aunque se ha congratulado de “eliminar el carácter graciable de participar en los quehaceres institucionales”, así como de que “haya más interlocutores pendientes del buen hacer del gobierno”.

El portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, ha justificado el voto en contra por considerar que se trata de “una trampa del PP”, aun cuando ha defendido que “sí creemos que los sindicatos sí deben participar, que pueden recibir financiación pública y no menoscaba su independencia” para lamentar entonces la exclusión de los sindicatos que no son mayoritarios, de los que ha puesto como ejemplo a Ustea, que ha situado como segunda fuerza en educación.

García ha hablado de “ley perversa” porque “iguala a sindicatos y patronal y compra los marcos de la derecha”, antes de apuntar que la tercera razón para hablar de ley trampa es que “ahonda en el marco de la concertación y no del sindicalismo”, para indicar que “los sindicatos no son organizaciones del Estado, son de la clase trabajadora”.


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