SEVILLA, 2 (EUROPA PRESS)
La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida en funciones por Jesús Maeztu, ha trasladado a la familia de la alumna del colegio concertado San Antonio María Claret que padece una discapacidad auditiva y motriz del 66 por ciento y que llevaría más dos años enfrascada en gestiones para que la menor cuente con un interprete en su actividad lectiva, que ante su queja por dicha situación, sus peticiones de información sobre el asunto se han topado con la “falta de respuesta” de la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo.
Recordemos que la familia había elevado el asunto al Defensor del Pueblo, después de que la Consejería de Desarrollo Educativo denegase al colegio su petición de nuevo concierto para una nueva unidad de apoyo a la integración que incluyese la figura de especialista intérprete de lengua de signos.
El motivo esgrimido por la Administración educativa para dicha denegación sería que la propuesta de nueva aula de integración en el colegio San Antonio María Claret no cumpliría, según el texto, “con el requisito de satisfacer necesidades de escolarización, teniendo en cuenta que, según la planificación (…) existen plazas vacantes suficientes en la zona considerando la oferta de los centros públicos y privados concertados de la misma, teniendo en cuenta asimismo las disponibilidades presupuestarias”.
PETICIÓN DE INFORMACIÓN
Ahora, la Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz indica en un documento recogido por Europa Press, que ante la queja formalizada por dicha familia por esta situación había requerido un informe a la Administración educativa con fecha 11 de julio de 2024, pero “ante la falta de respuesta”, fue necesario “reiterar la petición en fecha 23 de agosto”.
“A día de hoy no hemos recibido el informe solicitado y en esta misma fecha nos hemos dirigido a la Administración competente para recordarle el deber de auxiliar a esta Institución, con carácter preferente y urgente, en sus investigaciones e inspecciones”, señala la resolución de la oficina de Maeztu, informando de que ha “advertido a la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de que, en caso de persistir la falta de respuesta”, podría afrontar las “consecuencias previstas” en la Ley del Defensor del Pueblo Andaluz por “falta de colaboración”.
Según la madre de la alumna, esta niña sufre una discapacidad auditiva, en concreto hipoacusia severa profunda, y también motriz, del 66 por ciento, y “desde octubre de 2022”, cuando se inicio el proceso para proceder a un nuevo dictamen de escolarización por parte del equipo de orientación educativa, sigue “en espera de los recursos necesarios para su correcto desarrollo académico y personal”.
AÚN A LA ESPERA
Es decir que transcurrido todo este tiempo, la alumna aún está a la espera de que se le asigne específicamente un interprete para lengua de signos que la asista dentro del aula.
La madre precisa que en septiembre de 2022, la familia de la menor y el equipo de orientación del colegio solicitaron un nuevo dictamen de escolarización porque aunque la alumna usa audífono, habría quedado de relieve que “no estaba recibiendo toda la información, no se estaba enterando y se encontraba muy perdida” en el transcurso de las clases.
Tras las oportunas gestiones, según su relato, ya en marzo de 2023, el equipo de orientación educativa de la Delegación Territorial de la Consejería de Desarrollo Educativo emitió un nuevo dictamen de escolarización, reconociendo según esta madre el derecho de su hija a contar con un intérprete de lengua de signos “dentro del aula” como apoyo para su aprendizaje.
A partir de ahí, según su narración, tal dictamen fue expuesto a la Delegación Territorial y a diferencias instancias de la misma, como el responsable de la Inspección Educativa, el inspector responsable de la zona, el responsable de Planificación e incluso el delegado territorial del ramo, Miguel Ángel Araúz.
La dirección del colegio, según esta madre, “también procedió a solicitar dicha figura” de intérprete de lengua de signos merced al nuevo dictamen de escolarización, si bien se le habría comunicado en respuesta que la petición “estaba fuera de plazo y que no era el modo o procedimiento para solicitar dicha figura”, con lo que el centro “tenía que esperar al plazo de alegaciones para presentar las correspondientes alegaciones”.
PETICIÓN RECHAZADA
Recientemente, tras solicitar el centro el citado nuevo concierto para una unidad adicional de apoyo a la integración con intérprete de lengua de signos, como solución al asunto, la petición fue rechazada, como ha sido expuesto.
Así, esta madre muestra su “indignación por todo este proceso que se inició en septiembre” de 2022, hace ya más de “dos años”; porque todavía, su hija sigue “sufriendo daños colaterales, sin que el sistema haga nada al respecto, cuando se están vulnerando todos los derechos que tiene a una educación con las adaptaciones correspondientes y provocando una gran desigualdad en su integración en la sociedad”. Es más, la familia de la menor atisba una situación de “discriminación”.
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