MÉRIDA, 1 (EUROPA PRESS)
Las federaciones de pensionistas y jubilados de los sindicatos CCOO y de UGT en Extremadura reclaman a los partidos políticos extremeños que legislen a favor una participación más activa de los mayores y que aprueben una ley regional que aglutine todas las competencias autonómicas que afectan al colectivo.
Estas son las principales reivindicaciones de las dos centrales sindicales con motivo del 1 de octubre, Día Internacional de las Personas de Edad, fecha en la que han registrado en la Asamblea de Extremadura un manifiesto que recoge once reivindicaciones que ya están trasladando en diferentes reuniones a las formaciones políticas con representación parlamentaria.
Entre las principales reivindicaciones destacan una mayor participación “activa” del colectivo de las personas mayores en la concepción, planificación y desarrollo de políticas que les afectan, así como una ley nacional y otra autonómica en las que se aglutinen todas las políticas destinadas al colectivo en función de las competencias de cada administración.
En declaraciones a los medios de comunicación momentos antes de registrar el manifiesto en el parlamento autonómico, el responsable de Organización y Afiliación de la Federación de Pensionistas de CCOO de Extremadura, Sergio Cuenca Cobos, ha subrayado que, además de todos los temas sociales y de dependencia, recogen en sus reivindicaciones el planteamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de facilitar una “participación activa de las personas mayores en todos los ámbitos sociales”.
Con ello, pretenden que no solo se les “informe de las cosas que se están realizando”, sino que participen “en la elaboración de los proyectos, de las iniciativas que tengan las distintas administraciones, tanto de municipios como a nivel regional”, para que de esta forma conozcan qué medidas les van a afectar, y si además pueden aportar, “pues mejor”.
Por su parte, la secretaria de Política Social de la Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Extremadura, Isabel García Jiménez, ha defendido la necesidad de regular y ordenar por ley “toda la problemática de los mayores” para estructurar asimismo “todas las soluciones”.
En este punto, ha apostado por la aprobación tanto de una ley nacional como otra de nivel autonómico, de forma que las competencias regionales puedan abordarse desde una norma elaborada y aprobada en la comunidad autónoma.
García Jiménez ha remarcado que esta etapa ocupa el 30 por ciento de la vida de una persona, por lo que es “muy importante” que una ley “concreta” aborde una “problemática muy específica” como la que afecta al colectivo de las personas de edad.
MANIFIESTO
El manifiesto registrado expone que en Extremadura había en 2023 un total de 230.300 personas mayores de 65 años, lo que representan el 21,84 por ciento del total de la población, superior a la media nacional, que se aproxima al 20%, con la previsión de superar el 30% en las próximas décadas.
Para mejorar la calidad de vida de estas personas, las centrales sindicales plantean hasta once reivindicaciones a los representantes políticos extremeños. En primer lugar, un incremento del gasto sanitario público, puesto que en regiones como la extremeña, donde se supera el 9% del PIB, “la realidad impone que se siga incrementando ese presupuesto”.
Asimismo, piden el impulso de la atención domiciliaria a personas dependientes y un refuerzo de los centros de atención. Además, piden a la Junta que lleve a su normativa regional el acuerdo para la acreditación de centros y servicios aprobado en el Consejo Territorial.
En cuarto lugar, reivindican una Ley Integral de los Derechos de las Personas Mayores, que garantice la protección específica del colectivo en ámbitos como la salud, la vivienda, la protección social y económica, así como jurídica, cultural y el ocio, además de la no discriminación por la edad.
En este punto, se contempla la necesidad de garantizar la visibilidad y la participación activa de las personas mayores en todos los ámbitos de la sociedad. Esta ley también tiene como objetivo impulsar la idea del envejecimiento activo como un logro a la vez que un reto para garantizar mejor la calidad de vida.
El punto quinto advierte que el colectivo es “muy vulnerable” a las políticas de recortes, especialmente cuando el sustentador principal es mayor de 65 años, lo cual ocurre en el 37,8% de los hogares de la comunidad autónoma.
En sexto lugar, apuestan por una redistribución de la riqueza que permita abordar “las desigualdades a lo largo de todas las etapas de la vida”, así como un incremento de las pensiones más bajas.
En esta misma línea, subrayan el papel de la reforma de la pensiones, con medidas como el restablecimiento de la revalorización de las mismas ligada a la inflación y la supresión del factor de sostenibilidad.
El manifiesto también advierte que continuarán las protestas contra la pobreza energética; así como defienden que la transformación digital se realice de forma inclusiva, sin dejar a nadie por fuera de la misma, ya sea por insuficiencia económica o por falta de capacitación para utilizar los beneficios generados por la misma.
Por último, reclaman la intervención del Estado para acabar con al discriminación que sufren las personas mayores en el acceso a los servicios bancarios.
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