LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 1 (EUROPA PRESS)
El viceconsejero de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Francis Candil, ha admitido este martes que la Fiscalía Superior de Canarias mantiene abiertas cuatro investigaciones sobre presuntos casos de malos tratos en centros de menores migrantes de las dos provincias, tal y como adelantó ‘El País’.
En declaraciones a los periodistas ha señalado que estas causas demuestran que los servicios de inspección de la comunidad autónoma “funcionan” dado que se detectan presuntas irregularidades y se ponen en conocimiento de la Fiscalía.
No obstante, Candil ha señalado que buena parte del problema obedece a la “saturación” de la red de acogida y las “dificultades” para encontrar nuevos centros y también para dar con los “perfiles idóneos” para una atención de esta naturaleza.
“No es fácil abrir centros para atender a menores migrantes, yo no tengo una cola de alcaldes pidiéndome que quieren abrir centros para atender a menores migrantes en su municipio”, ha detallado.
Ahora, ha apuntado, “será la Fiscalía la que vaya actuando y derivando si tienen que haber responsabilidades de algún tipo”.
Candil no ha ocultado que en un año se ha pasado de tener 38 recursos para atender a menores migrantes a 80, un crecimiento que implica que haya “dificultades” en la atención y que surjan “situaciones” que pueden ser susceptibles de intervención judicial.
“Muchas de ellas, cuando se detectan por parte de la inspección o por parte de los servicios de infancia y se ponen en conocimiento de la Fiscalía, terminan en nada. O sea, sencillamente se corrigen los protocolos de intervención en el centro y se corrigen reglamentos de determinadas cuestiones”, ha destacado.
En cambio sí hay otros incidentes “que pueden tener más relevancia” y en esos desde el Gobierno se pide a la Fiscalía que llegue “hasta donde tenga que llegar”.
Sobre el protocolo de acogida de menores, que sigue suspendido de forma cautelar por el TSJC, ha ficho que no se elaboró para “generar malestar” sino para tratar de hacer frente al “desbordamiento” en la llegada de embarcaciones.
“Nos preocupaba que hubiéramos relajado determinados instrumentos administrativos que siempre se tienen que poner en marcha para proteger al niño o a la niña que llega a las costas. Y en ese caso la intención ha sido siempre que los menores, una vez que se declare el desamparo, estén perfectamente atendidos, hayan sido oídos y se les haya oído con un traductor, se les haya explicado cuál es su situación, eso es lo que se ha intentado en todo momento”, ha comentado.
Por ello, espera que todas las administraciones implicadas puedan resolver sus “discrepancias” para dar “la mejor atención posible” a los menores y que no hay situaciones “que no son agradables”.
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