SEVILLA, 1 (EUROPA PRESS)
El Consejo de Ministros ha declarado cuatro zonas de Cádiz, Granada y Jaén como gravemente afectadas por una emergencia de protección civil, una declaración que les permitirá a los damnificados solicitar ayudas que serán “subsidiarias y complementarias a las iniciativas que adopten las administraciones autonómicas”. En total, el Gobierno ha declarado como zonas afectadas gravemente por una emergencia a territorios de catorce comunidades autónomas que han sufrido 176 sucesos relacionados con fenómenos meteorológicos adversos, incendios forestales o catástrofes de todo tipo entre el 27 de febrero y el pasado 14 de septiembre.
Estos territorios, que se beneficiarán de las ayudas previstas en la ley, pertenecen a Andalucía, Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de Navarra, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Baleares, La Rioja y la Región de Murcia, según el detalle ofrecido por el Gobierno en una nota de prensa. En el caso concreto de Andalucía, han recibido esta calificación el municipio de Tarifa (Cádiz); los pueblos de Pinos Puente y Víznar, en Granada; y Andújar (Jaén), todos ellos afectados por incendios forestales este verano.
Las ayudas por daños personales (fallecimiento o incapacidad absoluta y permanente) serán de 18.000 euros; de 2.580 euros a particulares por destrucción o daños en enseres de primera necesidad; un máximo de 15.120 euros por destrucción total de la vivienda habitual; un tope de 10.320 euros por daños en la estructura de la vivienda habitual; 5.160 euros por daños en la vivienda; 9.224 por daños a elementos comunes de una comunidad de propietarios y hasta 9.224 euros a los titulares de establecimientos industriales, mercantiles y de servicios, incluidos los agrarios, marítimo-pesqueros y turísticos, entre otras.
Según el ministro de Interio, Fernando Grande Marlaska, algunas de las emergencias que han motivado esta declaración han estado relacionadas con el temporal que afectó de manera especial a las provincias de Burgos, Navarra, La Rioja y Zaragoza en los últimos días de febrero; la DANA (Depresión Aislada de Niveles Altos) que provocó fuertes lluvias y tormentas a mediados de agosto en Baleares; o los numerosos incendios forestales que entre el 17 de febrero y el 14 de septiembre pasado se han registrado en una parte sustancial del territorio nacional.
Marlaska ha recordado que esta intervención por parte del Gobierno se apoya en el principio de solidaridad interterritorial y es subsidiaria a las actuaciones que en ejercicio de sus competencias desarrollen las respectivas comunidades autónomas. En este marco, la declaración de zona afectada por una emergencia de protección civil abre la vía a los afectados a reclamar al Estado las ayudas previstas y que en compensación por daños personales destrucción de enseres de primera necesidad o la destrucción total o parcial de la vivienda habitual.
En concreto, estas ayudas corresponden al Ministerio del Interior, que estudiará también cualquier otra medida como la exención de las tasas del organismo autónomo de la Jefatura Central de Tráfico por la realización de duplicados de permisos de circulación y la expedición del Documento Nacional de Identidad (DNI). Asimismo, otros departamentos ministeriales valorarán la posibilidad de establecer distintas ayudas como beneficios fiscales en los impuestos sobre bienes inmuebles o sobre actividades económicas. Como es habitual, estas ayudas estarán exentas del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
A su vez, Marlaska ha avisado de que se podrán acordar medidas laborales y bonificaciones en las cuotas de la seguridad social, así como ayudas también a las corporaciones locales para reparar infraestructuras, instalaciones y equipamientos municipales dañados. En concreto, estas obras podrán contratarse por el procedimiento de emergencia si ello fuera necesario.
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