MADRID/PALMA, 1 (EUROPA PRESS)
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que instruye el ‘caso Koldo’, ha dirigido sendos mandamientos a los servicios de Salud de Baleares y Canarias para que se facilite copia, en presencia de la Guardia Civil, del contenido de todos los buzones y carpetas del correo electrónico corporativo de determinadas personas, así como la documentación que obre en su poder sobre contratos adjudicados a Soluciones de Gestión SL que no hubiera sido previamente entregada a la Fiscalía Anticorrupción.
En concreto, el juez requiere los correos de quien fuera subdirector de Compras y Logística en el Servicio de Salud durante la pandemia, Antonio Mascaró Crespí; y del exdirector general del Ib Salut, Juli Fuster.
En tres autos del titular del Juzgado Central de Instrucción número 2, recogidos por Europa Press, el magistrado resuelve así sobre las últimas peticiones de las acusaciones en el marco de la investigación que sigue por las presuntas comisiones por las adjudicaciones para la adquisición de mascarillas durante la pandemia.
Al mismo tiempo, Moreno ha acordado citar como testigos al director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González –‘Lenin’–, y a las autoras del informe de auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible relativo a los expedientes objeto de investigación.
En una de esas resoluciones, el instructor accede a la petición de la acusación popular Liberum, que consideró necesario arrojar luz sobre la falta de justificación en la recepción de las mascarillas –objeto de los contratos de suministro otorgados por Puertos del Estado y Adif a Soluciones de Gestión SL–.
Así, acuerda citar como testigos al propietario y presidente de la sociedad Raminatrans SL, Rafael Millas, al jefe de Presupuestos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Jorge Meana, y al secretario general y del Consejo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, Julio González García.
En un segundo auto, el juez Ismael Moreno accede a la solicitud de la Fiscalía de requerir a la Agencia Tributaria para que designe a funcionarios en función de auxilio judicial para la determinación de las cuotas que eventualmente pudieran haber dejado de ingresar a la Hacienda pública tanto Soluciones de Gestión SL como Víctor de Aldama –el presunto conseguidor de la trama– en el ejercicio 2020.
BALEARES Y CANARIAS
El juez, siguiendo el criterio del Ministerio Público, acepta además ahondar en los contratos adjudicados por Puertos del Estado, Adif y la Secretaria de Estado de Seguridad, y por eso, no solo acepta la testifical de ‘Lenin’ sino también la de las dos inspectoras de Servicios del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible participantes en el informe de auditoría desarrollado en cumplimiento de la Orden de 27 de febrero de 2024 dictada por el responsable de la citada cartera, Óscar Puente.
Por último, en un tercer auto, Moreno acuerda la práctica de otra diligencia solicitada por el fiscal Luis Pastor, y dirige sendos mandamientos a los Servicios de Salud de Islas Baleares y de Canarias para que se facilite copia, en presencia de la Guardia Civil, del contenido de todos los buzones y carpetas del correo electrónico corporativo de determinadas personas, así como la documentación que obre en su poder sobre contratos adjudicados a Soluciones de Gestión SL que no hubiera sido previamente entregada a la Fiscalía Anticorrupción.
El juez explica que esta diligencia es útil para el descubrimiento del ilícito penal objeto de investigación, proporcionada a la gravedad del delito y necesaria para poder avanzar en la investigación, que se sigue por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda pública.
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