MADRID, 01 (SERVIMEDIA)
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha dictado tres autos en los que acuerda una batería de diligencias en el marco de la investigación del ‘caso Koldo’ por las presuntas comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia, entre ellas la testifical de los autores del informe de auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y del director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González.
En uno de los autos, Moreno accede a la petición de la acusación popular Liberum para la práctica de testificales al objeto de esclarecer la falta de justificación de la recepción de las mascarillas objeto de los contratos de suministro otorgados por Puertos del Estado y ADIF a Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL.
Así, el magistrado acepta citar como testigos al propietario y presidente de la sociedad Raminatrans SL, Rafael Millas; al jefe de Presupuestos, Contratación y AAGG del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Jorge Meana; y al secretario general y del Consejo de la Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, Julio González García. Respecto del resto de solicitudes de dicha acusación, explica el instructor, se acordará la procedencia una vez practicadas las anteriores declaraciones testificales.
En un segundo auto, Moreno accede a la solicitud de la Fiscalía de requerir a la AEAT para que designe funcionarios en función de auxilio judicial para la determinación las cuotas que eventualmente pudieran haber dejado de ingresar a la Hacienda pública la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL y el investigado Víctor de Aldama en el ejercicio 2020.
Igualmente, accede el magistrado a la práctica de la diligencia solicitada por el Ministerio Público para que, a la vista de las declaraciones presadas por investigados y testigos y al objeto de esclarecer los contratos adjudicados por Puertos del Estado, ADIF y por la Secretaria de Estado de Seguridad, se tome declaración como testigos al director general de Coordinación y estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González, así como a las dos inspectoras de Servicios del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible participantes en el informe de auditoría desarrollada en cumplimiento de la Orden de 27 de febrero de 2024 dictada por el responsable de la citada cartera.
Por último, en un tercer auto, el titular del Jugado central de Instrucción número 2 acuerda la práctica de otra diligencia solicitada por Anticorrupción consistente en dirigir sendos mandamientos a los Servicios de Salud de Islas Baleares y de Canarias para que se facilite copia, en presencia de la Guardia Civil, del contenido de todos los buzones/carpetas del correo electrónico corporativo de determinadas personas, así como la documentación que obre en su poder sobre contratos adjudicados a Soluciones de Gestión que no hubiera sido previamente entregada a la Fiscalía Anticorrupción.
El juez explica que esta diligencia es útil para el descubrimiento del ilícito penal objeto de investigación, proporcionada a la gravedad del delito y necesaria para poder avanzar en la investigación, que se sigue por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, tráfico de influencias y contra la Hacienda pública.
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