SEVILLA/SAN SEBASTIÁN, 1 (EUROPA PRESS)
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo, Covite, ha censurado dos nuevas concesiones de terceros grados otorgadas este pasado lunes a los miembros de ETA Luis Mariñelarena Garciandía, condenado por participar en el atentado con coche bomba que asesinó a Fernando Buesa y a Jorge Díez Elorza, y Harriet Iragui Gurruchaga, condenado por tres asesinatos en el año 2000 en Andalucía, el de José María Martín Carpena, el de Luis Portero García y el de Antonio Muñoz Cariñanos.
Covite considera que “ninguno de los dos cumple con el requisito fundamental exigido por la ley para progresar en grado, que es el del arrepentimiento por sus crímenes” y ha reclamado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que “recurra estos dos últimos terceros grados para que se puedan revertir”.
Según ha recordado, ambos presos de ETA “son exhibidos constantemente por la izquierda abertzale, principalmente Sare pero también por el propio Sortu, en sus manifestaciones en las que se exige su excarcelación, lo cual prueba que no están arrepentidos”.
La presidenta de Covite, Consuelo Ordóñez, ha incidido en que “es público y notorio que la izquierda abertzale prohíbe a los presos de ETA el arrepentimiento y la colaboración con la justicia”, y sin cumplir con estos dos requisitos “no se debería poder progresar al tercer grado, puesto que así está establecido en la ley”.
De este modo, ha insistido en que este pasado verano ambos presos de ETA “han sido exhibidos y jaleados” durante varias fiestas populares. “No se puede estar con Sortu y estar arrepentido”, han resaltado desde Covite.
Además, el colectivo ha criticado que la nueva consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco, la socialista María Jesús San José, haya decidido “continuar con la política de concesiones de terceros grados a etarras que no están arrepentidos, tal y como hacía el PNV, después de haber prometido en el Parlamento Vasco que impulsaría un cambio en la política penitenciaria con los presos de ETA”.
Ordóñez ha expresado su “decepción total” con la nueva consejería de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco porque, según ha dicho, “teníamos esperanzas de que su intención de revertir esta política fraudulenta del PNV fuera sincera”.
“Nuestra sorpresa ha sido mayúscula al comprobar que, menos de una semana después de sus contundentes declaraciones en sede parlamentaria, se esté haciendo exactamente lo mismo que hacía el PNV. Están jugando con un tema muy sensible, que es el derecho de las víctimas a la justicia y a que se cumplan las condenas con arreglo a Derecho”, ha afirmado.
Asimismo, Covite ha criticado que el Ejecutivo Vasco “sustente el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en la redacción de unas cartas manuscritas en las que los presos supuestamente expresan arrepentimiento y piden perdón a las víctimas”, cuando los hechos “siempre terminan desmintiendo esas palabras”.
“Tal y como se ha demostrado siempre -la última vez con la Vía Nanclares- la única manera de que los presos de ETA puedan reparar adecuadamente todo el daño injusto que ocasionaron es haciendo manifestaciones públicas de rechazo a los crímenes que cometieron y a todo lo que supuso el terrorismo de ETA”, ha remarcado el colectivo.
Así, ha incidido en que “el principio fundamental que inspira nuestro sistema penal respecto al cumplimiento de las condenas es conseguir la reinserción de los penados”. “Solo mediante la deslegitimación pública del terrorismo podremos avanzar en la reinserción de los condenados por terrorismo de ETA”, han aseverado desde Covite.
“DERECHO A LA JUSTICIA”
De este modo, han afirmado que “no se trata solo de respetar el derecho a la justicia de las víctimas -que también, y que no se está haciendo-, sino de asentar los cimientos para garantizar que nunca más volveremos a vivir el horror del terrorismo de ETA”.
Por ello, han criticado que “lo que vemos es todo lo contrario, que lo único que trasciende al ámbito público es que la izquierda abertzale continúa honrando a estas personas por su pasado criminal, calificándolas como ‘presos políticos’ y exigiendo su excarcelación porque siguen pensando que matar estuvo bien y no merecen estar en la cárcel por ello”.
Asimismo, Covite ha censurado que estas “excarcelaciones encubiertas” de presos de ETA se estén produciendo ante “un silencio generalizado y atronador” y ha lamentado que “ningún partido político, ni los del Gobierno ni los de la oposición, ni ninguna asociación de víctimas están diciendo absolutamente nada de este fraude que afecta muy directamente al derecho a la justicia de las víctimas de ETA”.
“Todos aquellos que clamaban contra los acercamientos de presos de ETA a cárceles vascas, cuando no es un derecho de las víctimas elegir en qué cárcel deben cumplir su pena, ahora callan ante estas concesiones de terceros grados. ¿Por qué? ¿Acaso no es mucho más grave que se excarcele a los presos de ETA burlando nuestras leyes, que el hecho de que sean trasladados de una cárcel a otra?”, ha reprobado Consuelo Ordóñez.
Por último, Covite ha reclamado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional que “recurra estos dos últimos terceros grados para que se puedan revertir”, dado que es la única institución que “puede y debe hacerlo en aras al derecho a la justicia de las víctimas”. “Es la Fiscalía la que debe velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas”, ha insistido.
Asimismo, ha exigido a la Consejería de Justicia y de Derechos Humanos del Gobierno vasco que “nos acrediten en qué han basado el arrepentimiento de estos dos presos de ETA a los que tan alegremente han concedido estas progresiones de grado”. “Esta es la primera vez que ni siquiera se nos han pasado unas fichas con información detallada gracias a la cual Covite podía comprobar en qué basaban sus resoluciones”, ha concluido.
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