VALÈNCIA, 30 (EUROPA PRESS)
El pleno de la Diputació de València ha acordado instar al Gobierno a que permita a los ayuntamientos de la provincia aplicar la nueva tasa de residuos como consideren oportuno, con el objetivo de no incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía.
Se trata de una propuesta presentada por Ens Uneix –comparte gobierno con el PP en la corporación provincial– que ha salido adelante junto a una moción de Vox que reclama asesoramiento a los ayuntamientos para facilitar la aplicación del tributo. Ambas iniciativas, debatidas conjuntamente, se han aprobado con los votos de estos tres grupos.
En concreto, la propuesta de Ens Uneix cuestiona la tasa estatal que debe financiar el servicio de recogida, transporte y tratamiento de residuos sólidos urbanos, repercutiendo el cien por cien del coste a los vecinos. Los ayuntamientos que no la apliquen tendrán que hacerlo de forma obligatoria.
Esta nueva tasa, que tiene su origen en una directiva marco europea que persigue el pago por generación de residuos en un futuro, fue anunciada en mayo por el Gobierno y deberá estar aplicada en todos los ayuntamientos antes de abril de 2025.
“El problema del nuevo tributo es que afectará especialmente a los municipios pequeños y medianos, que son la mayoría y que pueden verse afectados por subidas desproporcionadas para sus vecinos”, ha lamentado en el pleno la vicepresidenta de la Diputació y portavoz de Ens Uneix, Natàlia Enguix. Además, ha criticado que “el Gobierno haya sido “incapaz” de recurrir la ley europea.
Tras subrayar que “el municipalismo está unido contra esta nueva tasa”, Enguix ha advertido que “en muchos casos duplicará, triplicará y hasta puede cuadruplicar los recibos que actualmente se están pagando”. Según ha expuesto, como la tasa no puede ser progresiva y lo único bonificable es el tratamiento de los residuos, “es injusto que no se permita a los municipios que disponen de recursos reducir ese impacto, como sucede hasta ahora”.
Por su parte, la moción de Vox se centra en pedir asesoramiento para que los ayuntamientos estén preparados en el momento en que entre en vigor la tasa, con criterios equitativos de aplicación que sirvan para evitar posibles sanciones de otras administraciones. “Las políticas del Gobierno han fallado y ahora es tarde para reclamar que retire la tasa”, ha aseverado el portavoz de este grupo, Sergio Pastor.
Desde la oposición, el diputado del PSPV Jordi Mayor ha defendido que la ley persigue que “un día haya cero residuos” y contempla que los usuarios más vulnerables puedan tener bonificaciones.
Josep Antoni Riera (Compromís) ha señalado que la Generalitat y la Diputació tienen mecanismos para ayudar a los municipios, “en especial con la implantación de los planes locales de residuos”, y ha lamentado que “se omita el problema real de la gestión de residuos, con sus fracasos y sus retos”.
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