MÁLAGA, 29 (EUROPA PRESS)
La Audiencia de Málaga ha condenado a siete personas por distribuir y vender distintos tipos de drogas por varias localidades andaluzas, siendo tres de los procesados los principales implicados.
Tres de los acusados, dos hombres y una mujer, “con propósito de procurarse un ilícito beneficio y actuando concertadamente”, se distribuían las labores para la adquisición, distribución y venta de estupefaciente, principalmente cocaína, en diferentes poblaciones ubicadas en las provincias de Málaga y Granada, al menos entre los meses de agosto y octubre de 2022, según la sentencia.
A este fin, contaban con diferentes inmuebles ubicados en las localidades de Torremolinos y Málaga, así como diversos vehículos idénticamente empleados para el transporte de las partidas, indica la resolución de la Audiencia malagueña, consultada por Europa Press.
Para la venta y distribución de la sustancia, dice el Tribunal, uno de esos acusados se encargaba de coordinar la adquisición de la cocaína y la mujer asumía las labores de desplazamiento para transporte de la droga y el dinero, así como la distribución a los compradores.
El tercer procesado estaba al cargo de la guardería o almacén para la droga, ubicada en la barriada malagueña de Churriana, siendo persona de confianza directa del coordinador. Asimismo, otros acusados estaban al cargo de ‘guarderías’ ubicada en negocios de localidades como Marbella, ocultando la sustancia estupefaciente en una furgoneta para dificultar su hallazgo.
Las investigaciones detectaron contactos entre los acusados y movimientos de estos en distintos vehículos, por lo que los agentes desarrollaron operaciones de vigilancia, tras lo que procedieron a la detención de varios de los procesados y al registro de los turismos que utilizaban para esos desplazamientos.
En dichos registros se hallaron distintas cantidades de dineros, sustancias estupefacientes como hachís, cocaína y cannabis; además de objetos para el almacenaje de la droga, como máquinas de envasar al vacío, bolsas de plástico.
Por estos hechos, se condena a siete de los diez acusados por delitos contra la salud pública y se les imponen penas que oscilan entre los ocho y los dos años y medio de cárcel. Además, a tres de ellos se les condena también por un delito de pertenencia a grupo criminal, mientras que se absuelve a los demás de este tipo delictivo al no estimarlo probado.
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