VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)
Juventudes Socialistas de Castilla y León has denunciado que empresas como Ginemédica y Clínica Isadora “hacen caja con los derechos de las castellanas y leonesas”, gracias, según precisa, a que la Junta y la Gerencia Regional de Salud sigan sin tomar medidas ante la falta de profesionales sanitarios que realicen interrupciones voluntarias del embarazo.
La organización denuncia que las administraciones están externalizando este servicio a empresas privadas, destinando más de un millón de euros en contratos con Ginemédica y Clínica Isadora, en lugar de invertir en personal que garantice el acceso a este derecho fundamental.
El informe que justifica dicha contratación por el Área de Salud de Burgos acredita que “la Gerencia Regional de Salud no dispone de infraestructura, medios ni personal suficiente para poder llevar a cabo estos procedimientos en los términos requeridos, al haberse acogido los profesionales sanitarios a su derecho fundamental de objeción de conciencia”.
Esta justificación se repite en los diferentes contratos analizados por el área de Igualdad de JSCyL, contratos que son adjudicados a dos únicas empresas: Ginemédica, en el caso de Valladolid, Burgos, Ávila, León y Salamanca, y Clínica Isadora, en el caso de Palencia y Segovia.
“Pedimos a Mañueco, que ahora que no está en manos de VOX, dedique todo el esfuerzo necesario a defender la libertad de las mujeres y evite que ejercer este derecho suponga una carrera de obstáculos”, reclama Fran Díaz, secretario general de la formación.
Para María Aranda, secretaria de Igualdad, “no se puede seguir tolerando que Ginemédica y Clínica Isadora sigan haciendo caja con los derechos reproductivos. Los contratos analizados suman un total de 1.028.872euro de dinero público, dinero que debería invertirse en conseguir profesionales que sí quieran realizar interrupciones voluntarias del embarazo”.
Aranda recalca que la Ley del Aborto reconoce y ampara el derecho a la objeción de conciencia sin que en ningún momento pueda afectar al derecho, constitucionalmente reconocido mediante sentencia, a abortar libremente.
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