Calvo responde que el órgano que preside no se ha pronunciado porque “no tiene competencia”
TOLEDO, 26 (EUROPA PRESS)
El presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha, Javier de Irízar, ha reprochado a la presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, que no se haya pronunciado sobre la ley de amnistía ya que ha llevado a los consejos consultivos regionales a pronunciarse “sin tener una guía” que seguir ante “un tema nuevo sin jurisprudencia”.
Así lo ha señalado De Irízar este jueves en la apertura en Toledo de las ‘XXIII Jornadas Nacionales sobre la Función Consultiva’, a la que también ha acudido la propia Carmen Calvo, donde ha reivindicado lo “fundamental” de la función consultiva en el proceso normativo de cualquier democracia moderna, y en particular con la ley de amnistía.
“Hemos tenido que ser los consejos consultivos en las distintas comunidades los que nos hayamos enfrentado a esta ley en aquellos sitios en que los gobiernos, como en Castilla-La Mancha o las asambleas legislativas, han solicitado un dictamen. Nos hemos tenido que enfrentar sin tener una guía que pudiéramos haber seguido de un dictamen del Consejo de Estado y ante un tema nuevo sin jurisprudencia”, ha denunciado.
A su entender, “hubiese sido interesante haber tenido esta especie de guía que, por supuesto, nunca sería vinculante para los consejos consultivos, pero si hubiese sido de un gran interés a la hora de pronunciarse”. Por ello, ha detallado que han hecho lo que han considerado “razonable”, coincidiendo en su mayoría “en el diagnóstico final sobre esta ley”.
TIEMPOS CONVULSOS PARA LA FUNCIÓN CONSULTIVA
De Irízar ha lamentado que los que en la actualidad se dedican a la función consultiva tienen que “desempeñarla en tiempos convulsos, donde a veces se somete esta función a un foco en el que no sabemos movernos con agilidad”.
“Son tiempos en que las razones de oportunidad parecen pesar mucho más que las razones de legalidad y, a veces, que los propios límites constitucionales”, ha condenado, asegurando a su vez que no desempeñaría con lealtad su papel como presidente del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha si, en el marco de estas jornadas y ante la presidenta del Consejo de Estado, no advierte “de los peligros que atenazan a la función consultiva”.
“Entre ellos, quiero especialmente poner de manifiesto mi preocupación por los intentos de soslayar la intervención de la función consultiva en ciertos procesos normativos, como si esta pudiera constituir más un obstáculo”, ha agregado, advirtiendo de “un riesgo significativo para la calidad y la legitimidad de las decisiones normativas”.
Ha subrayado la importancia de los órganos consultivos como “un contrapeso esencial en el sistema de creación normativa”, garantizando que las leyes, reglamentos y decretos “se ajusten al marco legal y constitucional”.
Según ha defendido, la función consultiva no es un trámite burocrático, es una garantía para el ejercicio del buen gobierno y para la salvaguardia de la seguridad jurídica al velar y advertir a los diversos gobiernos autonómicos y también al gobierno de la nación con sus informes cuál es la correcta aplicación de derechos.
“Por tanto, omitir esta intervención abre la puerta a errores, vacíos legales e incluso vulneraciones de derechos fundamentales que, por otra parte, no justificadas. Particularmente, he echado de menos en lo que sin duda hubiera constituido un interpretativo fundamental en la Ley de Amnistía que se hubiese desestabilizado por el Consejo de Estado, cosa que se evitó y que no se hizo”.
CALVO RESPONDE: EL CONSEJO NO TIENE COMPETENCIAS
A la petición del presidente del consultivo castellanomanchego, Calvo ha respondido durante su intervención que el Consejo de Estado no sido llamado a consulta para que se pronuncie sobre la ley de Amnistía “porque reglamentaria y legalmente ni puede ni debe”.
La también exministra ha recordado que la seguridad jurídica “reparte a cada quien sus competencias sobre la constitucionalidad de las leyes” de tal modo que, sobre las leyes del país, “solo se pronuncia de manera efectiva jurídicamente y como obligatoriedad en el Tribunal Constitucional”.
“Como todos bien sabemos, lo demás son evidentemente posiciones respetables, pero fuegos de artificio. Las proposiciones de ley no las informa el Consejo de Estado, porque no lo contemplan ni nuestra ley orgánica ni nuestro reglamento”.
Calvo ha abundado en que la institución que preside no informa sobre ninguna proposición de ley, porque las proposiciones de ley nacen del impulso directo de la soberanía del pueblo español que se representa en las Cortes Generales, “y al pueblo español nadie le dice nada, salvo las siguientes urnas o el Tribunal Constitucional”.
“Desde luego, el Consejo de Estado es el órgano consultivo de los impulsos normativos del Gobierno de la nación, no de las Cortes Generales. Por lo tanto, no tenemos que hacer ningún pronunciamiento de las iniciativas que nacen de la propia soberanía popular. Esto es seguridad jurídica, esto es tranquilidad jurídica. Es la actuación de cada quien en el ámbito que le es competente”.
“Nosotros no hemos sido llamados a consulta porque reglamentaria y legalmente ni podemos ni debemos”, ha terminado zanjando.
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