Miranda indicó que en ese momento de pandemia la relevancia de una posible falta de solvencia financiera era “relativa”
MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
El que fuera jefe de personal de Adif Michaux Miranda aseveró en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Koldo’ que él se decantó por adjudicar la compra de mascarillas a la empresa vinculada a la presunta trama –Soluciones de Gestión– porque valoró que su oferta “estaba más madura” y porque razonó que en ese momento de urgencia por la pandemia la relevancia de la una posible falta de solvencia financiera era “relativa”.
Así se expresó en su comparecencia como investigado ante el juez Ismael Moreno, a cuya grabación ha tenido acceso Europa Press, y en la que respondió tanto a las preguntas de la Fiscalía como de su defensa durante 33 minutos.
Miranda explicó al fiscal Luis Pastor que si bien en un inicio en Adif habían decidido partir el contrato de emergencia para que además de Soluciones de Gestión también entrara Injoo Technologies, finalmente él se decantó por adjudicar ese primer contrato a la empresa investigada tras mantener contactos tanto con Íñigo Rotaeche –investigado– como con el responsable de la otra empresa.
“De lo que me cuentan, considero que está más madura la logística de contactos de mascarillas y la logística de entrega con Soluciones de Gestión”, recordó, para luego añadir que ya conocía además que días antes “ya había un primer avión planificado” y demostraban “que tenían acceso a las mascarillas”.
En este sentido, comentó al fiscal que él sopesó en ese momento que “debía primar la fiabilidad y la seguridad en la entrega” y añadió que el tiempo le dio la razón dado que Injoo, más tarde, en un segundo contrato que se le adjudica para 1 millón de mascarillas, “no fue capaz” de cumplir y sólo suministro “menos de un tercio del pedido”.
EL LOTE DE LOS 5 MILLONES
Preguntado por cómo se gestó ese contrato con Soluciones de Gestión, Miranda recordó que el 26 de marzo de 2020 se le asigna a Adif la compra de 5 millones de mascarillas y que es la propia presidenta, entonces Isabel Pardo de Vera, quien da el aviso de que hay que ponerse a buscar proveedores.
Tras una primera consulta con proveedores habituales, explicó, se percatan de que solo ofrecen lotes pequeños, en torno a 20.000 o 35.000 mascarillas a un precio de 2,8 euros la unidad en un caso y a 3,15 euros en otro.
Con un primer fallecido en Adif y “con el mercado nacional roto”, en el ente público ven la necesidad de ir al mercado internacional, a China, y empiezan a “tirar de contactos que puedan dar referencias de otras empresas”. “Pardo de Vera me asigna a mí la misión, básicamente porque, como digo, depende de mí el Departamento de Prevención de Riesgos Laborales y tenemos algo de experiencia en la compra de EPIS”, comentó.
Así, relató, se organizó un equipo de trabajo por el que fueron circulando las diferentes ofertas y debatiendo y sopesando las dudas. Y es entonces cuando llegó a través de Puertos del Estado, que les “llevaba la ventaja de una semana”, el contacto de Soluciones de Gestión. “Esto me lo pasa en concreto la presidenta”, puntualizó, para explicar que él se puso en contacto con Puertos y con Rotaeche.
PARDO DE VERA FACILITÓ EL CONTACTO DE ROTAECHE
“¿Este contacto quién se lo dio, el de Íñigo Rotaeche?”, le preguntó entonces el fiscal, a lo que respondió que ese teléfono junto al del responsable de Puertos se lo facilitó por Whatsapp Pardo de Vera.
En cuanto a los posibles reparos que habría generado la oferta de Soluciones de Gestión en el seno de ese equipo de Adif, Miranda explicó al fiscal que “no fueron reparos como tal” sino que se puso sobre la mesa que tanto esa como Injoo eran “dos empresas pequeñas muy similares” y que, “si son más fiables, más rápidos y –las mascarillas– más baratas, debían apostar por Injoo Technologies”.
Miranda, que no eludió ninguna pregunta e incluso se extendió en sus respuestas más allá de lo que le pedían responder, explicó sobre el hecho de que Injoo ofertara mascarillas más baratas que, en el pedido contratado con ellos, de hecho, solicitó un incremento del precio con posterioridad “subiendo a 2,5 euros” la unidad. “Es decir, se iguala al precio de la otra empresa –Soluciones de Gestión–, y dada la situación, entendemos el incremento del precio de la logística y tramitamos esa modificación”, explicó.
A esto, sumó que tras esa modificación, a la semana les entregaron 240.000 mascarillas “que no tenían la homologación FFP2/KN95” y por tanto se vieron abocados a resolver el contrato.
NO HUBO INSTRUCCIONES
En el interrogatorio, Miranda apuntó además que no recibió indicación de superiores para contratar con Soluciones de Gestión, y que “la única indicación que traslada la presidenta (…) es la absoluta necesidad de asegurar el suministro y (…) en el menor tiempo posible”. “Teníamos un fallecido en la empresa y (…) el sector ferroviario tiene una fuerte carga presencial”, comentó.
Además, negó tener relación con Koldo García, exasesor del ex ministro José Luis Ábalos, más allá de tres llamadas telefónicas que se produjeron en el marco de esa compra de mascarillas porque Pardo de Vera le dijo que “era la persona que gestionaba la logística de reparto”. “Y creo que hablo dos o tres veces porque es efectivamente la persona que, dentro del gabinete del ministro, coordinaba la llegada de los vuelos y, en ese sentido, como le digo, teníamos que coordinarnos para recoger nuestras mascarillas de los vuelos de Puertos del Estado”, apuntó.
Ya a preguntas de su defensa, el ex alto cargo de Adif puntualizó que la conformidad con la entrega de mascarillas por parte de Soluciones de Gestión se certificó con “un sistema de doble control”, dado que el proceso de entrega fue auditado por un auditor externo de SGS pagado por la adjudicataria en origen, y por uno de Bureau Veritas pagado por Adif en destino.
También negó que hubiera pagos anticipados a la empresa y que se fue liberando el dinero “conforme van llegando los pedidos de las mascarillas”. Sí que confirmó que la empresa les planteó ese pago anticipado, pero recordó que tras consultar con la Secretaría General Técnica de Adif, se opta “por una carta irrevocable de pago”.
“Es decir, se hace una transferencia bloqueada a una cuenta del Banco Sabadell y esos fondos no se van liberando hasta que nosotros no recibimos los pedidos y no damos conformidad en cantidad y calidad”, puntualizó.
AUDITORIA DEL MINISTERIO
Miranda, en respuesta a su abogado, cargó además duramente contra el informe de auditoría elaborado en el seno del Ministerio de Transportes por encargo del actual ministro, Óscar Puente, en relación a los expedientes investigados.
Así, indicó que cuando le entrevistaron a él en el marco de la elaboración de dicho informe no le comunicaron que fuese a ser grabada y no le dieron a afirmar o a verificar las declaraciones. “Si me permitís la expresión, me parece todo un despropósito: Tanto de contenido, de metodología, de fondo y de forma. Y además, lo que se recoge ahí no refleja la realidad de los hechos ni mis propias declaraciones que están o descontextualizadas o directamente tergiversadas”, explicó.
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