VALLADOLID, 26 (EUROPA PRESS)
El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Juan García-Gallardo, ha preguntado este jueves al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, cuántos millones de euros de recursos públicos de los castellanos y leoneses va a costar “su nuevo abrazo” y “su nueva foto” con los dirigentes de UGT, CCOO y CEOE.
García-Gallardo se ha referido en concreto a la anunciada firma mañana, viernes 27 de septiembre, de nuevos acuerdos en el seno del Diálogo Social y ha preguntado a los “sindicatos de izquierdas” por “cuántas monedas de plata se van a vender” para dar una “apariencia falsa e impostada” de paz social en Castilla y León.
El exvicepresidente de la Junta de Castilla y León hasta el pasado mes de julio ha lamentado también que el “paripé de la foto de apariencia de consenso” de mañana sólo vaya a servir para “engordar” las cuentas de resultados de los agentes económicos y sociales firmantes y para proteger sus “privilegios” dentro de un “monopolio” y de un “monólogo social” en el que ve al Partido Popular “supeditado y secuestrado” por las políticas de izquierdas.
“Es una política torpe”, ha reprochado García-Gallardo tras el registro este jueves en las Cortes de una proposición de ley de reforma del Diálogo Social en Castilla y León que, bajo el lema “un verdadero diálogo”, aboga por “democratizar”, por “dinamizar” y por “reforzar el pluralismo” del diálogo social en la Comunidad con la entrada de nuevos colectivos que representen “fielmente” el tejido económico.
Para ello, los de Santiago Abascal proponen revisar y rebajar los “obsoletos” porcentajes que otorgan el carácter de representatividad –15 por ciento a nivel nacional y 10 por ciento en el ámbito autonómico– hasta actualizarlos a la “realidad imperante” que permitiría abrir la participación y la negociación a colectivos como ATA, USO, CSIF o Conferco, ha mencionado a modo de ejemplo.
En concreto, el Grupo Vox propone considerar sindicatos mayoritarios a los que hayan obtenido en el ámbito de la Comunidad el 3 por ciento o más del total de delegados de personal o miembros de comités de empresa y a los que obtengan un 10 por ciento o más en un ámbito funcional específico.
En el caso de las organizaciones empresariales, sitúa como mayoritarias a las que agrupen al 5 por ciento o más de las empresas y de los trabajadores en el ámbito de la Comunidad y las que agrupen al 5 por ciento de las personas físicas.
“No es una normativa contra UGT, contra CCOO ni contra la patronal”, ha aclarado García-Gallardo que ha reconocido que los tres tienen “toda la legitimidad del mundo” para participar en el seno del Diálogo Social si bien ha exigido que sea para representar los verdaderos intereses de los trabajadores y de los empresarios de Castilla y León y no sólo “para su gran negocio” que, según ha insinuado también, puede estar ayudando a “inflar” su actual representatividad en detrimento de otras organizaciones.
Otra de las aportaciones de esta “pionera” proposición de ley del Grupo Parlamentario Vox a nivel nacional es hacer un análisis del impacto presupuestario de cada uno de los acuerdos que se vayan a implementar en Castilla y León para garantizar una “gestión eficaz” y “transparente” de los fondos públicos en favor “del bien común”.
Juan García-Gallardo se ha preguntado por dónde van a ir el resto de las formaciones políticas que componen el arco parlamentario y se ha mostrado convencido de que algunos de los integrantes del Grupo Mixto y los partidos localistas, UPL y Soria ¡Ya!, la pueden apoyar.
En el caso concreto del PP, ha asegurado que trataron de consensuar el texto de manera “discreta y reservada” cuando compartían tareas de Gobierno y ha aseverado que Vox se mantendrá “inasequible al desaliento” y sin perder la esperanza para poder sacar adelante esta iniciativa que considera “buena y positiva”. “Si el PP no lo quiere apoyar que explique los motivos por los que quiere seguir en el pasado y con políticas de izquierdas. Allá él”, ha zanjado.
García-Gallardo se ha mostrado “optimista” y ha llamado a apoyar esta iniciativa cuando vaya a pleno para poder poner fin a “un modelo caduco” de hace 30 años en una Castilla y León “estancada por el inmovilismo del PP” y que “no avanza”.
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