MADRID, 26 (EUROPA PRESS)
La Fundación IDIS ha publicado un informe en el que refleja la “crisis” que supondría no renovar el modelo de mutualismo administrativo como mecanismo de cobertura del régimen especial de la Seguridad Social de los funcionarios del Estado, en el que los beneficiarios acceden a las prestaciones a través de su mutualidad (MUFACE, MUGEJU e ISFAS).
Así, el informe ‘Impacto de las mutualidades en el Sistema Sanitario’, examina las potenciales repercusiones que, bajo determinadas hipótesis, podrían darse en España en el caso de que el modelo de mutualidades no llegara a renovarse. “Se trata de un extremo que ocurriría si las aseguradoras y el Gobierno no llegan a un acuerdo para que el modelo no sea deficitario y se garantice su solvencia, al finalizar la vigencia del actual contrato en diciembre de este año”, apuntan.
De este modo, la Fundación IDIS destaca que el mutualismo administrativo “mejora la accesibilidad del sistema sanitario y controla el gasto sanitario, teniendo en cuenta la prima media del mutualista -1.013 euros-, que es 723 euros inferior en comparación con lo que se invierte en el régimen general -1.736 euros-“.
Además, el documento expone que mientras que la cápita pública por persona ha crecido un 53 por ciento en los últimos diez años, lo destinado a las mutualidades lo ha hecho un 32 por ciento, lo que “produce pérdidas cercanas a los 200 millones de euros anuales en las compañías aseguradoras que prestan este servicio”. Así pues, la Fundación IDIS insta a la Administración a adaptar la prima de este convenio, que “debe garantizar que las aseguradoras puedan, de una manera equilibrada, cubrir los costes económicos y de prestaciones sanitarios que requiere la cobertura de este colectivo. De no ser así, se desencadenaría un escenario de crisis que haría inviable el sistema de mutualismo”.
“Sin los fondos suficientes para su financiación sería imposible garantizar la continuidad de este modelo, cuya viabilidad está comprometida por el aumento de costes debidos a la inflación, la ampliación de prestaciones, el envejecimiento de los beneficiarios, los efectos de la Covid-19 y la inversión en equipamientos”, ha explicado la directora general de la Fundación IDIS, Marta Villanueva.
El análisis también muestra las consecuencias en el caso de que la renovación del modelo no llegara a producirse, con implicaciones como el trasvase de 1,68 millones de mutualistas a la sanidad pública afectando, en primer lugar, al modelo asistencial, ya que se incrementaría un 2 por ciento el total nacional de visitas en Atención Primaria.
Igualmente, el documento revela que se vería afectada la ratio de urgencias. Además, destaca que absorber la asistencia a mutualistas provocaría un incremento del 266 por ciento en las listas de espera para consultas externas y un 115 por ciento en cirugías.
“COLAPSO” EN ALGUNAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Por otra parte, el aumento de la presión asistencial, que se generaría de forma global, llevaría a una “situación de colapso” a algunas comunidades autónomas con altas tasas de mutualistas y baja penetración del seguro privado, como es el caso de Murcia, Cantabria, Castilla León o La Rioja.
Así, la Fundación señala que el modelo de cobertura 100% pública tendría un impacto “significativo” también en la ocupación de camas en la red hospitalaria pública para contrarrestar la saturación; se estima que el sistema público tendría que añadir 3.975 camas, lo que representa un aumento del 3,8 por ciento de su capacidad actual a nivel nacional.
Para la Fundación, este escenario plantea la necesidad de acometer una serie de inversiones en el corto-medio plazo para ampliar la capacidad de atención; en términos de gasto, el cambio del modelo actual supondría un aumento del gasto sanitario público de 1.214 millones de euros anuales, un 1,3 por ciento.
“Más allá de estas repercusiones directas en la sanidad pública existen otras, que también están analizadas en este informe, y que tienen que ver con el empleo y el impacto en la actividad privada”, ha indicado Villanueva.
En concreto, el informe estima una pérdida de más de 13.000 puestos de trabajo en el sector sanitario privado. Asimismo, considera que la pérdida del número de asegurados mutualistas provocaría la reducción de la utilización de camas privadas y esto llevaría al cierre de centros hospitalarios en algunas provincias.
“Los datos que nos ofrece este análisis, junto al hecho de que una gran mayoría de los funcionarios que pueden voluntariamente elegir opten por la asistencia en centros sanitarios privados a través de su mutualidad, corroboran los beneficios que este modelo bien consolidado viene aportando, lo que nos hace defender su existencia y su necesaria dotación presupuestaria, que es responsabilidad de la Administración”, ha finalizado la directora general de la Fundación IDIS.
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