MADRID, 25 (SERVIMEDIA)
El director general de Fundación ONCE, José Luis Martínez Donoso, defendió este miércoles la importancia de que las finanzas incluyan “una dimensión de sostenibilidad” y, dentro de esta, los ejes de discapacidad y de derechos humanos”.
Lo hizo durante la inauguración del Encuentro ISR ‘Debida diligencia y derechos humanos en las Finanzas Sostenibles’, organizado por Spainsif y Fundación ONCE en la sede de esta última entidad en Madrid, con motivo del noveno aniversario de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
En su intervención, Martínez Donoso destacó el empeño de Spainsif, asociación sin ánimo de lucro de entidades interesadas en promover la inversión sostenible y responsable, por lograr que el Grupo Social ONCE se acercase al sector.
“Gracias a ello, la discapacidad está presente en la agenda 2030 más allá de lo que establece la Convención de Naciones Unidas”, declaró. A su juicio, esta presencia resulta “muy relevante” porque “en el mundo somos mil millones de personas con discapacidad, una gran minoría que puede convertirse en mayoría”. Por eso, añadió, “los ODS han de incluir la discapacidad” y, lógicamente, cualquier proyecto a favor de la sostenibilidad financiera debe tenerla en cuenta.
Por su parte, el presidente de Spainsif, Joaquín Garralda, subrayó la necesidad de regular el sector financiero para fomentar la sostenibilidad y destacó el “claro avance” que la aprobación de la directiva sobre diligencia debida de las empresas supone en este sentido.
Respaldada por el Parlamento Europeo en abril, la normativa establece requisitos para que las empresas realicen diligencia debida en la identificación y mitigación de impactos adversos en derechos humanos y medio ambiente, así como en la elaboración de planes climáticos.
Afectará a la cadena de proveedores, para que las distintas legislaciones nacionales no sirvan de excusa a la hora de garantizar el respeto a los derechos humanos en las actividades empresariales, indicó Garralda. En su opinión, ha quedado claro que la regulación legal “es el camino”, aunque quizás la nueva Comisión Europea ralentice este proceso.
También se refirió a esta directiva Aicha Belassir, directora general de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social. Dijo que su aprobación “es un hito relevante para reforzar la sintonía del sector empresarial con la ciudadanía y el medio ambiente”.
“La voluntariedad ha pasado a ser obligación”, afirmó, y ya no bastará con que “las empresas declaren su compromiso”. “Tendrán que demostrar una evolución y planificar a medio y largo plazo”, recalcó. “Cumplir con la directiva de debida diligencia implica que las actividades financieras no vulneran los derechos de otros”, explicó, y reclamó “un compromiso de los gobiernos, empresas y sociedad” para lograr su efectividad.
Admitió que, debido a “la compleja negociación para sacarla adelante”, la directiva adolece de “algunas limitaciones, como cierta falta de concreción en las definiciones o una menor exigencia en cuanto a transparencia y auditorías externas”. Sin embargo, supone “la adopción de estándares internacionales” y representa la aceptación de requisitos legales.
Finalmente, Belassir se comprometió a impulsar “estudios e investigaciones desde su dirección general para que la normativa española que desarrollará esta directiva sea ambiciosa. “Desde el ministerio estamos firmemente comprometidos a hacer de la RSC un modelo estable”, e invitó a todos los asistentes al evento a “trabajar juntos para que las finanzas sostenibles pasen de ser tendencia a compromiso vinculante”.
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