MADRID, 25 (EUROPA PRESS)
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha mantenido este miércoles la primera reunión con el nuevo secretario de Estado de Educación, Adelardo de la Rosa Díaz, en la que se emplazaron a iniciar la negociación de las cuestiones pendientes en materia de personal.
El presidente nacional de CSIF Educación, Mario Gutiérrez, y la secretaria de Política Educativa, Isabel Madruga, le trasladaron su preocupación “por la ausencia de una negociación efectiva en el ámbito nacional y los efectos que provoca en las condiciones laborales del profesorado en todas las comunidades autónomas”.
En un ambiente “constructivo y de colaboración”, los responsables de CSIF recordaron los, a su juicio, “problemas endémicos” del sistema educativo que son necesarios de abordar a través de un pacto: reducción de las ratios, aumentar los recursos, reducir el déficit de plantillas, cumplir el objetivo de estabilidad de las plantillas o eliminar las diferencias de criterio entre Gobierno y comunidades autónomas.
En el encuentro, igualmente manifestaron su preocupación por “las dificultades del Gobierno para alcanzar acuerdos estables en el Parlamento, las dudas sobre la aprobación de unos presupuestos para 2025 y los problemas de financiación que afectan a las diferentes comunidades autónomas por la falta de consenso en este ámbito”.
También abordaron los problemas específicos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla así como educación en el exterior, dependientes del ámbito de gestión del Ministerio y que “requieren una línea de trabajo específica para la mejora de las condiciones laborales”.
En definitiva, CSIF aboga por un pacto de Estado que permita una mayor inversión al docente, apartar los criterios políticos coyunturales, mejorar las condiciones laborales e impulsar de manera definitiva el Estatuto Docente.
El sindicato asegura que “trabajará desde la lealtad y una posición constructiva”. No obstante, avisa de que si no se producen avances llevarán a cabo movilizaciones en la defensa de los intereses legítimos del profesorado y por la calidad de la educación pública.
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