Recoge la “preocupación” por la reducción de la lengua por la ley de libertad educativa e insta a garantizarla en centros sociosanitarios
VALÈNCIA, 24 (EUROPA PRESS)
El Comité de Expertos de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias del Consejo de Europa advierte del “deterioro” de la situación de las lenguas regionales o minoritarias en algunas autonomías –entre ellas el valenciano en la Comunitat Valenciana–, con la adopción de medidas que “obstaculizan” la implementación de las obligaciones que establece este tratado suscrito por España.
En un informe de evaluación publicado este martes, realiza una serie de recomendaciones para mejorar la protección y promoción del valenciano en la Comunitat, entre ellas garantizar su uso en los centros sociosanitarios. Además, el análisis sobre la situación de los idiomas minorizados se hace eco de la “preocupación” por la reducción del valenciano, especialmente en zonas castellanohablantes, derivada de la nueva ley de libertad educativa.
El informe, consultado por Europa Press, recuerda que en la Comunitat Valenciana “la educación se basa formalmente en un modelo plurilingüe donde todos los centros educativos deben implementar el Programa de Educación Plurilingüe e Intercultural”.
“Este modelo tiene como objetivo garantizar que los alumnos alcancen una competencia plurilingüe que implique dominio oral y escrito en las dos lenguas oficiales, y dominio funcional de una o más lenguas extranjeras. Según este modelo, el tiempo mínimo dedicado a contenidos curriculares en cada una de las lenguas oficiales, durante la escolaridad obligatoria, deberá ser del 25% de las horas lectivas efectivas”.
Y apunta: “El nuevo proyecto de ley (la llamada “Ley de Libertad Educativa”) que ha sido presentado por las nuevas autoridades regionales en 2024 y que reduciría drásticamente la presencia del valenciano en el modelo educativo de la Comunidad Valenciana y, en particular en las zonas castellanoparlantes, es fuente de gran preocupación”. Este informe de evaluación se basa en la situación política y jurídica realiza a España por los expertos en enero de 2024, previa a la aprobación final de la norma.
En el apartado de recomendaciones para la acción inmediata, los expertos animan a “tomar medidas para garantizar el uso del valenciano en los centros sociosanitarios, así como que los valencianohablantes puedan interactuar en su lengua materna con las sucursales locales de la administración estatal. Igualmente, anima a que la legislación garantice procedimientos en valenciano a petición de una de las partes.
Los especialistas abogan en otro momento del informe por asegurar la posibilidad del uso del valenciano en la prestación de servicios públicos y en el ámbito de la economía, “especialmente” en el sistema financiero.
RESOLUCIONES JUDICIALES
Ya poniendo el foco en toda España, el Comité de Expertos expone que está “particularmente preocupado por varias decisiones judiciales adoptadas por Tribunales Superiores de Justicia, a nivel autonómico, y posteriormente confirmadas por el Tribunal Supremo español”.
“Algunas de estas decisiones no son compatibles con los compromisos ratificados por España en virtud de la Carta”, advierte el informe que se refiere específicamente a la sentencia definitiva del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenando la implantación de un mínimo del 25% de docencia en castellano en el catalán en el sistema educativo, lo que “constituye un gran motivo de preocupación”.
Los expertos concluyen que, si bien España cuenta con un sistema bien desarrollado de protección y fomento de sus lenguas regionales y minoritarias, es necesario redoblar los esfuerzos para colmar las lagunas existentes y cumplir así las obligaciones que le impone el tratado.
Agregan que la Constitución española, los Estatutos de Autonomía y las legislaciones específicas proporcionan un marco general para la protección y fomento de las lenguas regionales y minoritarias. No obstante, alertan, “los principales desafíos se siguen presentando en los ámbitos de la justicia, la administración estatal, la prestación de servicios públicos y los intercambios transfronterizos, que son competencia de las autoridades estatales españolas”.
En estos ámbitos a menudo no se aplican plenamente las disposiciones de la Carta, particularmente en lo que se refiere a garantizar el derecho de los ciudadanos a utilizar sus lenguas regionales o minoritarias en los procedimientos judiciales, los servicios de atención sanitaria y la comunicación con las instituciones estatales, inciden.
En esta línea, consideran que el uso de lenguas regionales en la administración del Estado también sigue siendo “limitado” en las comunidades autónomas donde la lengua vernácula está protegida. Aunque las administraciones locales y regionales suelen exigir que el funcionariado conozca esas lenguas, la disponibilidad de personal con un dominio lingüístico suficiente en la administración del Estado es “baja”. En este punto, el Comité recalca que la digitalización de los servicios públicos, si bien es beneficiosa, no debe marginar el uso de las lenguas regionales o minoritarias.
Sobre los medios, señalan que la disponibilidad de programas de radio y televisión en lenguas regionales o minoritarias es en general satisfactoria a nivel autonómico, pero se debe prestar más apoyo a su presencia en las plataformas internacionales de streaming.
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