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La UNAD solicita “mejoras” en la atención médica de las personas con adicciones que están encarceladas para “garantizar sus derechos”

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MADRID, 24 (SERVIMEDIA)

La Red de Atención a las Adicciones (UNAD) reclamó este martes “mejoras” en la atención sanitaria de las personas con adicciones privadas de libertad para “garantizar sus derechos” y dio a conocer las “deficiencias” en este ámbito que viven dichos reos, una situación que, a su juicio, “vulnera los derechos fundamentales y representa una forma de discriminación”.

Así lo denunció la Comisión de Adicciones y Justicia Penal de la entidad coincidiendo con el Día de la Merced, patrona de las prisiones, que se celebra cada 24 de septiembre, en un manifiesto que ha compartido con diferentes administraciones, colegios profesionales y otros agentes.

En él, la entidad advirtió de que la “insuficiente atención médica” que viven estas personas con adicciones en prisión, no solo “agrava” su situación de “vulnerabilidad”, sino que también “perpetúa la exclusión social y el consumo problemático”.

En concreto, puntualizó que las infraestructuras médicas de “muchos” centros penitenciarios en España “están obsoletas, carecen de equipos adecuados y de las instalaciones necesarias para brindar una atención de calidad”.

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En este sentido, afirmó que, según el estudio ‘La situación de las personas con adicciones en las prisiones españolas, una visión con perspectiva de género’, elaborado recientemente por UNAD, el 40% de las personas encuestadas valoran como “mala” la atención sanitaria recibida en el centro penitenciario.

FALTA DE PERSONAL MÉDICO

De la misma manera, desde la Comisión de Adicciones y Justicia Penal lamentaron la “falta” de personal médico, teniendo en cuenta que en España hay una ratio de 5,2 médicos para cada 1.000 personas presas, una cifra “muy por debajo” del ocho de media en Europa, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Por otro lado, los expertos alertaron de un “exceso de medicalización” que, a su entender, puede “derivar” en “mayores problemas” de consumos problemáticos; un “fuerte” deterioro de la salud mental debido a la “insuficiencia” de atención psiquiátrica y la falta de personal especializado; así como un aumento de problemas físicos, autolesiones graves y una mayor conflictividad dentro de los centros penitenciarios.

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Asimismo, expresaron su “preocupación” por la falta de unidades “específicas” de tratamiento de adicciones, dado que, según el estudio de UNAD, el 65% de las participantes no recibe un tratamiento para “frenar” el consumo de drogas.

ASEGURAR DERECHOS Y DIGNIDAD

En este contexto, la red recordó que la población penitenciaria “debe perder únicamente su derecho a la libertad”, por lo que urge a “garantizar” un acceso “equitativo” a la atención sanitaria para “asegurar los derechos y la dignidad de estas personas”.

A este respecto, demandó la implementación de servicios médicos especializados que visiten “regularmente” los centros penitenciarios para “asegurar una atención integral y continua” que “disminuya y atienda” los problemas de salud mental y los relacionados, concretamente, con las adicciones.

Además, juzgó “fundamental” contar con la presencia de médicos y enfermeros las 24 horas del día para atender emergencias y brindar una atención “adecuada en todo momento”, al tiempo que recalcó la importancia de establecer ratios “óptimas” de personal sanitario por número de personas internas “equiparándolo” a la media de Europa para garantizar una atención de calidad y reducir la carga de trabajo de los profesionales de la salud actuales.

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En la misma línea, destacó la “urgencia” de contar con equipos multidisciplinares que puedan coordinarse “de manera real” para atender las problemáticas de adicciones “de manera efectiva e integral”.

Por último, apuntó a la necesidad de atender de una manera “rápida y ágil”, evitando demoras “innecesarias” que puedan poner en riesgo la salud y la vida de las personas presas, convencida de que, pese al “esfuerzo” realizado por parte de Instituciones Penitenciarias y las entidades que trabajan en prisión para mejorar la calidad de vida y la atención sanitaria de las personas presas, la “falta” de financiación “imposibilita que esto se pueda llevar a cabo”.


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