Contacta con el Gobierno y con los grupos parlamentarios del Congreso para tumbar una norma que “tritura” la legislación estatal
VALÈNCIA, 23 (EUROPA PRESS)
Compromís ha abierto contactos con el Ministerio de Educación y con los grupos parlamentarios del Congreso para presentar un recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Libertad Educativa, aprobada hace unos meses por PP y Vox en Les Corts. Este recurso al Tribunal Constitucional (TC) lo podría presentar el Gobierno o un mínimo de 50 diputados en el Congreso, con el plazo abierto hasta final de este mes.
La coalición valencianista ha adoptado esta decisión tras recibir un informe jurídico “demoledor” que encargó sobre esta ley en el que se expone que “tritura” la legislación estatal y que “pedagógicamente no tiene ningún criterio”, según han anunciado su síndic en Les Corts, Joan Baldoví, y su portavoz de Educación, Gerard Fullana.
“Vamos a trabajar contra una ley que va en contra de permitir que los estudiantes valencianos, cuando terminen su escolarización, tengan la libertad de elegir cuál es la lengua en la que se expresan”, ha expuesto Baldoví en declaraciones a los medios, tras subrayar que la norma salió adelante “sin ningún diálogo y ninguna enmienda aprobada”.
Según ha advertido Fullana, la ley “incumple 28 leyes estatales de rango superior”, entre ellas “la Constitución Española, la LOE (Ley Orgánica de Educación), el Estatut d’Autonomia y diversas reglas y decretos”.
INFORME JURÍDICO
En concreto, el informe jurídico encargado por Compromís señala que la “libertad educativa” es un concepto abordado por derechos constitucionales, que el programa de lenguas vehiculares incluido en la norma “impedirá que la gran mayoría de alumnos adquiera un pleno dominio de valenciano” y que la ley “no justifica por qué se debe realizar una adecuación lingüística individual”.
También recoge que las familias escogerán centro “sin conocer cuál será la lengua base que se aplicará” tras el proceso de admisión, así como que esta lengua base “se fijará atendiendo a la elección realizada por otras familias, incluso aquellas que no acaben matriculando a sus hijos en los centros”.
Otros argumentos del informe son que la ley “elimina el derecho de los alumnos de la zona de predominio lingüístico castellano a aprender en valenciano”, que elegir la lengua en los exámenes “atenta contra el objetivo de adquisición de conocimientos y margina al profesorado en la evaluación”, que eliminar el requisito lingüístico para los docentes “genera un conflicto que confronta con los derechos lingüísticos de los ciudadanos” y “otorga un derecho preferente” a obtener destino a funcionarios destinados en otras autonomías.
“CONSULTA ILEGAL”
Así pues, Fullana ha denunciado que, a pesar de su nombre, la ley “no legisla la libertad educativa” y “no va a haber ni una sola familia valenciana de las 800.000 que sepan dónde han matriculado a su hijo independientemente de la lengua que hayan escogido”, porque participarán en una consulta y “después se les dirá cuál es su centro”. “Y eso es ilegal porque la ley dice claramente que deben conocer el proyecto lingüístico y educativo del centro antes del periodo de admisión”, ha recalcado, y ha acusado al Consell de “engañar” a los padres.
Además, ha asegurado que “también es ilegal el peso vehicular de las lenguas” en esta ley, ya que el Tribunal Supremo estableció que las dos cooficiales deben ser vehiculares “en mayor o menor peso” con un 25% de las horas. “Esta ley trata por igual a dos lenguas que no están por igual”, ha argumentado, para acusar al Consell de “prohibir que el valenciano sea vehicular en lecciones castellanoparlantes”.
Y ha sostenido que es “imposible e ilegal” que los padres puedan “elegir exactamente en cada asignatura en qué lengua harán sus hijos los exámenes”: “Es una falsedad y es pedagógicamente insoportable”.
“CUTRE”
“Es difícil hacerlo peor”, ha insistido, y ha criticado la “vaguedad jurídica de la ley” apuntando al ‘president’ de la Generalitat: “Es un sinónimo de las políticas de Carlos Mazón. No hace nada de lo que dice, y lo que hace suele ser infinitamente más cutre de lo que nos han prometido”.
Fullana también ha reprochado al conseller de Educación, José Antonio Rovira, que dijera recientemente que Compromís “ni siquiera” había pedido un informe respecto a la ley, cuando ha recordado que “el PP no recurrió al Constitucional la Ley de Plurilingüismo” del anterior gobierno del Botànic “ni hizo público ningún informe jurídico”.
Por todo ello, Compromís ha trasladado el informe a su grupo en el Congreso (Sumar) y al resto de fuerzas parlamentarias, así como al Ministerio, para que recurran esta ley. “Están abiertas todas las vías”, ha aseverado el portavoz de Educación, aunque ha remarcado que de momento no hay un acuerdo al respecto con el PSOE.
Hasta entonces, a la espera de “una semana intensa de negociación”, en la coalición se muestran convencidos de que si finalmente hay un recurso la ley será “recortada o suspendida” por el Constitucional.
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