MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
Salud por Derecho ha presentado sus propuestas al proyecto del Real Decreto sobre la evaluación de tecnologías sanitarias, y cuyo periodo de consulta pública finalizó el pasado viernes, entre las que destaca pide mayor concreción en cuanto a la transparencia a los costes de producción, investigación y desarrollo, así como de las fuentes de financiación de estos costes, públicas o privada.
Considera que el borrado actual “deja margen a interpretaciones ambiguas”, y por esta razón, propone un desarrollo más exhaustivo del articulado donde las empresas farmacéuticas detallen, de manera clara y específica, los incentivos fiscales recibidos, las subvenciones públicas y cualquier otro tipo de apoyo financiero, ya sea directo o indirecto, de origen nacional o internacional.
Asimismo, resalta la importancia de incluir el papel de entidades filantrópicas, debido a su significativa contribución en la financiación de proyectos de I+D. La organización también subraya la necesidad de desglosar los costes de cada fase del desarrollo, desde la investigación básica hasta las etapas preclínicas, clínicas y los estudios posteriores a la comercialización. “Este desglose ayudaría identificar en qué fases el sector público ha sido determinante, ya que suele jugar un papel clave en las fases más arriesgadas, lo que pone de manifiesto la contribución de los fondos públicos en el desarrollo de estos productos”, advierte en un comunicado.
Además, demanda que en los informes de evaluación se incorpore información sobre la duración de los periodos de exclusividad de mercado (como patentes o protección de datos), ya que estos también influyen directamente en sus precios.
Finalmente, reclama que los informes de evaluación estén directamente vinculados a los procesos de fijación de precios y reembolsos. La propuesta de la organización busca asegurar que estos informes no solo ofrezcan una valoración técnica sobre el valor añadido de las tecnologías, sino que “también incluyan recomendaciones claras que orienten la toma de decisiones relacionadas con la fijación de precios y la cobertura del Sistema Nacional de Salud”.
Esto, a su juicio, “garantizaría una coherencia entre la evaluación y las decisiones económicas, evitando que las evaluaciones queden aisladas y sin impacto en la política sanitaria”.
Además, consideran “clave” incluir a la sociedad civil en los procesos de decisión para “asegurar una gobernanza justa y transparente, conforme al Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”.
El pasado viernes, la organización envió el documento al Ministerio de Sanidad y espera que estas recomendaciones sean incorporadas en el texto final del real decreto, ya que contribuirían a una evaluación de tecnologías sanitarias más justa, eficaz y transparente, con beneficios directos para el sistema de salud público y para la ciudadanía en general.
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