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Vox solicita la expulsión de “todos los inmigrantes ilegales” de la Comunidad Valenciana y el cierre de los centros de acogida

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VALENCIA, 23 (EUROPA PRESS)

El grupo de Vox en Les Corts ha registrado este lunes una proposición no de ley (PNL) en la que exige al Gobierno “la inmediata expulsión de todos los inmigrantes ilegales que se encuentren en la Comunidad Valenciana”, así como “que se cierren los centros de acogida” y que la Generalitat no apoye a las ONG que colaboran con las mafias del tráfico de seres humanos.

Vox, que forma parte de la oposición tras su salida del Consell precisamente por la postura del PP con la inmigración, ya presentó la semana pasada varias propuestas en el Debate de Política General para exigir al Gobierno que endurezca su posición en esta materia.

En concreto, en la PNL Vox rechaza “la política de puertas abiertas a la inmigración ilegal alentada y promovida por el Partido Popular y el Partido Socialista que son coalición en Bruselas”. También se muestra en contra de la apertura de “cualquier tipo de centro de acogida de inmigrantes ilegales” en la Comunitat y plantea el cierre de los que estén en funcionamiento “en caso de que existan”.

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Con esta iniciativa, Vox pide que se declarare a la Comunitat como autonomía que no apoya a las asociaciones y ONG que “colaboren con las mafias del tráfico de seres humanos y la inmigración ilegal” y que se destine, tanto el importe de las ayudas públicas recibidas como las partidas presupuestarias autonómicas que “financian el acogimiento e integración de inmigrantes ilegales” a “trasladar a los inmigrantes ilegales a sus países de origen, o en su caso, y a aquellos que lo deseen, a la ciudad belga de Bruselas, donde se encuentran las élites europeas que alientan y promueven su llegada”, expone el síndic, José Mª Llanos.

Además, pide “impulsar y promover la celebración de una consulta popular tanto a nivel regional como municipal relativa al refuerzo de la seguridad ciudadana en la que se plantee la expulsión de todos los inmigrantes ilegales y promover las modificaciones legales necesarias a fin de evitar el fraude en el empadronamiento que permite a los inmigrantes ilegales poder acceder a beneficios y ayudas sociales”.


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