MADRID, 23 (SERVIMEDIA)
Los diputados de Esquerra Republicana, Sumar, Vox, PSOE y PP en la Comisión de Sanidad y Consumo del Congreso aseguraron este lunes su apoyo a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pide reformar la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia para acabar con “los copagos confiscatorios” por dichos servicios.
En nombre de la comisión promotora, intervino el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez, quien pidió el respaldo de todos los grupos cuando la toma en consideración de esta iniciativa se debata y vote en el Pleno de la Cámara Baja.
Con casi 740.000 firmas de apoyo, la ILP echó a andar hace casi 10 años y ya fue admitida a trámite en tres ocasiones. Sin embargo, “ha sido enviada al limbo parlamentario por falta de voluntad política”, lamentó Pérez, quien reclamó “un trámite acelerado” y que “esta vez, sea la definitiva”.
Según avanzó el portavoz socialista, Emilio Sáez, “estamos dispuestos a sentarnos con el resto de grupos para llegar a un acuerdo”, porque “ya es hora de alcanzar una solución definitiva”.
Resaltó que la Ley de la Dependencia “fue muy bienvenida en su día”, pero admitió que “varios decretos acordados en 2012” la desvirtuaron y “ahora trabajamos para revertir” tal situación. “Habrá que llegar a acuerdos sobre los porcentajes” de copago, porque la situación no puede seguir igual, zanjó.
Otro punto a solucionar tiene que ver con las listas de espera, y destacó “el compromiso del Gobierno” con la reforma de las Leyes de Discapacidad y de Dependencia para adaptarse a la nueva redacción del artículo 49 de la Constitución. “El ejecutivo está en ello, y pronto llevará” un anteproyecto al Consejo de Ministros, prometió Sáez.
Por parte del PP, María del Mar Vázquez agradeció al Cermi “su insistencia” en la defensa de una ILP tan necesaria, que su grupo piensa respaldar. También lo hará el grupo de Vox, cuyo portavoz, Tomás Fernández, calificó de “vergonzosos” los casi 10 años transcurridos desde que la ILP comenzó su andadura.
“En realidad, ¿qué hacen ustedes por las personas con dependencia o discapacidad?”, preguntó al Gobierno. “Mucho hablar, mucho hablar, pero no hacen nada”, y aseguró que su formación trabajará siempre por la igualdad de todos los españoles, “vivan donde vivan”.
Candela López (Sumar) e Inés Granollers (ERC) también reclamaron “impulsar el acceso a las prestaciones contenidas en la Ley de la Dependencia”, aunque consideraron que la Comisión de Derechos Sociales sería un espacio más adecuado para presentar la iniciativa.
Según Granollers, “la deuda no reconocida del Estado con las Comunidades ascendería a 3.150 millones de euros En el ámbito de la dependencia”, y coincidió con el Cermi en la necesidad de que la ILP se tramite con rapidez. “Espero que todas las enmiendas que se presenten sean solo para mejorarla”, pidió.
NUEVOS CRITERIOS COMUNES
La ILP propone que la Ley de la dependencia incluya “unos criterios sobre determinación de la capacidad económica y sobre la participación en el coste iguales y vinculantes para todas las comunidades”, que después podrían ser desarrollados reglamentariamente y complementados por las autonomías.
Entre otros mínimos, reclama la exención de 1.500 euros (2,5 veces el Iprem) para todos los servicios y prestaciones del sistema (“también el residencial”); limitar la aportación máxima de la persona al 60% del coste del servicio que reciba, y asegurarle siempre el 40% del Iprem como renta disponible (dinero de bolsillo). También defendió que “la edad o el momento de aparición de la situación de dependencia” y su prolongación estimada sean tenidos en cuenta como nuevos criterios para determinar la capacidad económica de una persona, “proyectándose sobre su renta y sobre su patrimonio”.
A juicio de Pérez, la situación actual provoca “un copago exacerbado” y “grandes diferencias entre territorios”; “no asegura el ejercicio y garantía del derecho, sino su compra; expulsa a potenciales beneficiarios de los servicios sociales (por no poder afrontarlo), y disuade de trabajar a las personas con discapacidad que pueden generar ingresos, pues funciona el perverso silogismo de ‘cuanto más ganes, más pagas’”.
En épocas de crisis, “invita a las Comunidades a caer en la tentación de hacer que el sostenimiento del sistema recaiga en los usuarios”, agregó. Además, criticó que “en la era del big data, en España no tenemos información sobre el ‘porcentaje de gasto en dependencia que asumen los propios usuarios’”.
El Libro Blanco de 2004 y 2005, “utilizado como base de la futura ley”, estimó que un tercio de la financiación del sistema debería proceder del Estado; otro tercio, de las comunidades autónomas, y el resto “sería aportado por los particulares”. Hoy en día, “no tenemos idea” de si esto es así, subrayó.
Pérez también denunció que una ley que nació con la idea original de fomentar los cuidados profesionales “se ha desvirtuado” en la práctica.
La imposibilidad de afrontar el copago hace que muchas personas opten por “quedarse en casa y solicitar cuidados en el entorno familiar, para asegurarse un ingreso” en la familia. De este modo, se ignoran las necesidades personales del usuario, denunció el presidente de Cermi.
Por último, Pérez tuvo un recuerdo para las casi 300.000 personas que “no reciben las prestaciones de dependencia a las que tienen derecho por hallarse a la espera de algún trámite”. “Piensen que ocurriese lo mismo en la Seguridad social”, propuso a los diputados. “¿Qué pasaría si hubiese 300.000 personas con derecho a pensión de viudedad, o de orfandad, sin recibirla?”, inquirió.
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