MADRID, 23 (EUROPA PRESS)
La vicealcaldesa de Madrid y portavoz del Gobierno municipal, Inma Sanz, ha afirmado este lunes que el Ayuntamiento tratará de justificar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) ante el Tribunal Supremo con un recurso de casación, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) las anulara, ensalzando una estrategia de movilidad, Madrid 360, que “está funcionando”.
“Sí, vamos a ir a la casación al Supremo. Básicamente, lo que anula la sentencia no es toda la ordenanza de Movilidad, sino solo lo relativo a las zonas de bajas emisiones y lo hace no por el fondo de la cuestión, sino porque entiende que no está suficientemente bien justificada la parte relativa a la memoria económica de esa ordenanza”, ha explicado la vicealcaldesa en una entrevista en ‘Telemadrid’, recogida por Europa Press.
Ante ello, ha defendido que Madrid ha invertido en los últimos años más de 100 millones de euros en ayudas al cambio de vehículos, además de trasladar que en ese recurso se insistirá en que Madrid 360 “no se basa únicamente en esas prohibiciones”.
Considera que había que tomar estas medidas “en un momento en que la ciudad de Madrid sistemáticamente había incumplido todos y cada uno de los años la Directiva Europea de Calidad al Aire”.
“Desde hace dos años estamos cumpliendo y estamos cumpliendo porque esa estrategia ha sido un éxito. Por lo tanto, vamos a trasladar a el tribunal esos argumentos precisamente para tratar de convencerles de que efectivamente ese estudio estaba bien hecho, estaba bien realizado y que la estrategia está funcionando”, ha subrayado la vicealcaldesa.
Sobre su funcionamiento, ha destacado que en estos años no se ha tenido que aplicar el protocolo de contaminación en ningún momento, además de incidir en la sostenibilidad de la estrategia desde el punto de vista económico.
“Madrid está más pujante que nunca, así lo dicen los datos, tanto el PIB, nuestros datos de paro son mejores que los del resto, por lo tanto creemos que se consiguió un modelo de equilibrio de esa sostenibilidad económica, social y también medioambiental y eso es lo que vamos a defender ante los tribunales”, ha apostillado Sanz, quien ha añadido que los datos demuestran que “ha sido un éxito”.
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