SEVILLA, 22 (EUROPA PRESS)
La Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad ha decidido terminar con el “problema humanitario” que suponen los asentamientos chabolistas que se pueden ver “sobre todo” en municipios agrícolas como Lepe, Palos de la Frontera, Moguer, Lucena del Puerto o Níjar. Para ello, ha puesto en marcha el I ‘Plan Estratégico para la erradicación de asentamientos informales y la inclusión social de personas residentes en zonas agrícolas de Andalucía conformados por población migrante’ (Easen).
En una nota, la Consejería asegura que es la primera vez que una administración lidera una respuesta conjunta, estratégica y coordinada, con todos los actores implicados, ya sean públicos, privados o componentes de la sociedad civil, señalando que “todo aquel que pudiese dar respuesta a esta realidad está convocado a intentarlo”.
Según el departamento, hasta ahora han existido iniciativas puntuales, deslavazadas y desorganizadas para cambiar esta realidad. Asimismo, han existido líneas de financiación concretas, destinadas a ayuntamientos o entidades sociales, “sin que todo este esfuerzo haya servido para solucionar el problema sino para cronificarlo a lo largo de los años”.
Por ello, la Junta ha comenzado a liderar este trabajo, teniendo en cuenta, además, que los municipios que tienen asentamientos en su territorio “se ven obligados a realizar un especial esfuerzo financiero, planificador y organizativo debido al incremento en el número de personas que demandan la prestación de servicios municipales motivado por los flujos migratorios”. No obstante, se encuentran con que la Ley Reguladora del Régimen Local no prevé ningún mecanismo para compensar el esfuerzo de estos ayuntamientos y el desequilibrio financiero que sufren. La Consejería defiende que es imprescindible que estos ayuntamientos sientan que el Gobierno de España y la Junta de Andalucía no solo les ayudan de forma temporal.
UNA DECISIÓN POLÍTICA “INDISPENSABLE”
Entre los factores “imprescindibles” para que “todo funcione”, la Consejería destaca la necesidad de que los ayuntamientos encabecen el trabajo necesario para que el Plan Easen llegue a buen fin. En este sentido, detalla que las corporaciones locales son las que tienen que tomar una decisión política “en la que no haya dudas”, con el fin de “acabar con los asentamientos en su localidad”.
“Así, todo lo que se haga, por mucho que la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad coordine las actuaciones, tiene que pasar por el papel protagonista de los ayuntamientos. No es algo baladí”, indica el departamento que lidera Loles López, además de recalcar que “se trata de acabar con una realidad tan indigna y poco aceptable como que personas, trabajadoras migrantes vivan en condiciones de riesgo y de precariedad máxima”.
Para ello, asegura, es indispensable también que el Gobierno central tenga parte activa en este plan, si bien, según la Consejería, “a día de hoy sigue sin dar el paso adelante, sin mostrar un compromiso real de implicación, con lo que podría dejar pasar una oportunidad única para lograr algo histórico”.
UN PLAN REGIONAL CON UNA PERSPECTIVA GLOBAL
En palabras de la Consejería, el plan Easen es un plan regional que precisa de soluciones globales. Según señala, son dos las provincias donde fundamentalmente se sufren los asentamientos ligados al ámbito rural y migratorio: Huelva y Almería, pero “la realidad de estas provincias es muy distinta”.
El modelo de grandes asentamientos se da actualmente en los municipios de Moguer, Lucena del Puerto, Palos de la Frontera y Lepe, en Huelva, y Níjar, en Almería. En otros municipios existe un modelo distinto (poblaciones mucho más reducidas, pequeños asentamientos, antiguos almacenes de aperos que sirven de infravivienda o en Almería los llamados Cortijillos). A falta de definir los datos de Níjar, que se conocerán en los próximos días, sí son “reveladores”, según la Consejería, los de los municipios onubenses de Moguer, Lepe y Lucena del Puerto.
En colaboración con equipos técnicos de los tres ayuntamientos onubenses se ha promovido la elaboración de un censo que recoja el número de personas que residen durante todo el año. De esta forma, no se trabaja ya con estimaciones que se manejan en todos los estudios que existen sobre asentamientos, sino que son los propios ayuntamientos los que se han pronunciado en este sentido. Estos censos serán ratificados en los próximos meses, y formarán la fotografía real con la que trabajar.
La Consejería asegura que tiene en cuenta informes como el que el 112 realiza anualmente, de cara a analizar la accesibilidad a los asentamientos en caso de emergencias. Según este estudio, en 2022 había en Lepe 17 asentamientos, 12 en 2023 y quedan nueve en 2024. Además, de estos nueve destaca que no solo no han crecido en ocupantes, sino que han disminuido. Por su parte, en 2023 había en Moguer 15 asentamientos, y en 2024 solo quedan seis, de modo que “con estrategia, colaboración y voluntad se puede acabar con los asentamientos en Andalucía”, destaca el departamento.
CENSOS CON NOMBRES Y APELLIDOS
A través de la Dirección General de Políticas Migratorias de la Junta de Andalucía se puso en marcha un modelo de conocimiento para conseguir censos con nombres y apellidos, que permitan conocer no solo cuántas personas malviven en estos asentamientos, sino su situación personal (sexo, situación administrativa, idiomas, situación laboral, cargas familiares o tiempo que lleva residiendo en España).
Ha conllevado un “amplio” proceso de consulta, que ha implicado a representantes y responsables de los sectores públicos y privados, empresariales y sindicales, universidades, colegios profesionales y entidades sociales especializadas en el sector de las migraciones, de largo recorrido en la cuestión de los asentamientos informales.
Los resultados poco a poco se van viendo, apunta la Consejería, aunque el trabajo es “continuo” y sigue adelante “sin descanso”, con la implicación que “se espera que no se retrase del Gobierno central para conseguir culminar los objetivos previstos”.
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