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UP critica a Prohens por ignorar Can Rova y criminalizar a personas migrantes

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IBIZA, 21 (EUROPA PRESS)

Unidas Podemos ha reiterado este sábado, en Ibiza, en un encuentro, con sus militantes para conocer cuáles son sus problemáticas y preocupaciones, sus críticas a la presidenta del Govern, Marga Prohens, por “mirar hacia otro lado” con la crisis de la vivienda, especialmente con el tema de Can Rova, mientras “criminaliza a personas migrantes”.

En nota de prensa, posterior al encuentro con la militancia en Ibiza, Unidas Podemos ha informado que, durante el mismo, su diputada en el Parlament, Cristina Gómez, ha valorado la respuesta de la presidenta Prohens este pasado martes en sede parlamentaria relativa a Can Rova como una muestra de que ésta “ha vuelto a mirar a otro lado” al haber “intentando evitar hablar de Can Rova”.

“El problema son los políticos que están gobernando, todos del Partido Popular”, ha lamentado la diputada, quien ha tachado de “inadmisible” que todavía haya gente en la calle mientras el PP vota que no a la expropiación de uso de viviendas vacías de grandes tenedores, a la limitación de compra a no residentes y se niega a aplicar la ley de vivienda para topar los precios de los alquileres.

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Además, Gómez ha criticado la falta de una mesa de vivienda del Pacto de Sostenibilidad, siendo “el principal problema y factor de empobrecimiento” de Baleares, “no porque no tengan trabajo ni salario, sino por el elevado precio de la vivienda”.

“Esta es la isla del lujo y los ‘millonetis’ mientras hay gente en la calle”, ha afirmado. Para Gómez, “todo ello es responsabilidad del PP y de Prohens” ya que ellos consideran que “el principal problema son los migrantes”, mientras “trabajan para rentistas y promotores”.

Por su parte, el conseller insular Óscar Rodríguez ha señalado la “responsabilidad” de la alcaldesa de Santa Eulària y del presidente del Consell de Ibiza en relación al desalojo de Can Rova.

Finalmente, ha anunciado que preguntará por el trabajo del Consell con los menores “no sólo después, sino antes del desalojo”, al considerar que “la propiedad privada y el derecho a tener beneficios” no pueden estar “por encima del derecho a la vivienda”.

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