MADRID, 20 (EUROPA PRESS)
Varios Estados federados de Alemania están pidiendo la vuelta al subsidio a la compra de los coches eléctricos, que expiró en diciembre de 2023 y que se suprimió tras el conflicto presupuestario entre el Gobierno de Olaf Scholz y el Tribunal Constitucional, que determinó que reasignar 60.000 millones de euros de deuda no utilizada durante la pandemia de coronavirus a un fondo para el clima fue ilegal.
El estado federado alemán del Sarre ha anunciado este viernes que presentará una iniciativa en el Bundesrat –la Cámara Alta alemana– para reintroducir las ayudas públicas a la movilidad eléctrica, y Baja Sajonia podría estar también dispuesta a valorar apoyar este proyecto.
“Nuestro objetivo es permitir a la clase media trabajadora de Alemania comprar un vehículo adecuado”, ha asegurado el ministro de Economía del Sarre, Jürgen Barke, para añadir que la electromovilidad “no despega, es hora de dar un impulso al mercado”.
El político socialdemócrata considera que el objetivo nacional de alcanzar los 15 millones de coches eléctricos en circulación en Alemania en 2030 no se podrá alcanzar sin la ayuda de los poderes públicos y admite el titular regional de economía que “no hay alternativa” al subsidio para la compra.
Asimismo, también ha defendido que la infraestructura de recarga también debe ampliarse considerablemente. “Comprar coches es una cosa, pero también hay que cargarlos”, ha sentenciado.
En toda Alemania, más de 770.000 puestos de trabajo dependen de la industria automovilística y solo en la región del Sarre, alrededor del 17% de todos los empleados trabajaban en el sector del automóvil.
AYUDA DEL GOBIERNO
Además, Barke ha criticado la posición del Gobierno central, dice, apoyando una cumbre por la industria del automóvil, pero sin resolver la crisis en la que se encuentra el sector en el país. Este viernes el ministro de Economía, Robert Habeck, ha dicho que el Ejecutivo central está dispuesto a hacer lo necesario para “ayudar” al fabricante de automóviles Volkswagen a salir hacia delante y evitar el cierre de plantas en el país.
Durante una visita a la fábrica del grupo en Emden, donde emplea a cerca de 8.000 personas, el vicecanciller ha insistido a la compañía en que se deben respetar los derechos de los trabajadores y recuperar los convenios colectivos entre los que se encuentra la garantía que protegía hasta ahora –y estaba previsto que lo hiciera hasta 2029– a la plantilla contra el despido por motivos operativos.
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