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La UJA es sede del XXII Congreso de la Asociación Andaluza de Profesores de Derecho Mercantil Sainz de Andino

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JAÉN, 20 (EUROPA PRESS)

La Universidad de Jaén (UJA) acoge el XXII Congreso de la Asociación Andaluza de Profesores de Derecho Mercantil Sainz de Andino, que reúne en el Campus Las Lagunillas a medio centenar de especialistas de este ámbito.

Es la quinta vez que la UJA es sede de este encuentro, que en esta edición presenta como temática principal los títulos de calidad que han sido objeto de una revisión normativa por parte de la Unión Europea, que tienen como característica principal el desarrollo económico de las zonas principalmente menos favorecidas.

“Estamos hablando de denominaciones de origen para productos agroalimentarios o indicaciones geográficas protegidas para productos no alimentarios, como puedan ser artesanales, gran novedad que ofrece la UE”, ha explicado Ángel Martínez, catedrático de Derecho Mercantil de la UJA y codirector del congreso, junto a la también catedrática Trinidad Vázquez.

Así lo ha indicado en la inauguración de este foro, en la que también han intervenido el rector de la UJA, Nicolás Ruiz; el catedrático de Derecho Mercantil de la Universidad de Málaga y vicepresidente de la Asociación Sainz de Andino, Juan Ignacio Peinado; la delegada territorial de Agricultura, Soledad Aranda Martínez, y el diputado de Promoción y Turismo, Francisco Javier Lozano.

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Ruiz se ha referido a este congreso como “referente en el panorama jurídico nacional” y ha resaltado las cuestiones que se van a analizar y debatir como es la protección de las figuras de calidad, tanto en el ámbito agroalimentario como en el industrial y artesanal.

“Estamos asistiendo a una creciente conciencia sobre la importancia de preservar la calidad y la autenticidad de nuestros productos, una cuestión que está íntimamente vinculada a la necesidad de proteger de los derechos de los productores y consumidores”, ha comentado.

En este sentido, ha valorado “la relevancia” de este encuentro, que “brinda una oportunidad única para revisar las últimas novedades legislativas en materia de propiedad industrial y competencia, así como para reflexionar sobre los retos y las oportunidades que se presentan en este ámbito”.

Por su parte, la delegada de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural ha destacado que la Consejería ha destinado el 16 por ciento del total de las subvenciones para productos de calidad diferenciada de Andalucía al sector del aceite de oliva de la provincia de Jaén en los últimos años.

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Un impulso dirigido a la protección de la calidad agroalimentaria andaluza que se ejecuta a través de la línea de ayudas a los consejos reguladores andaluces para el sostenimiento de su gestión y para la promoción y comercialización de los productos amparados.

CONTROL

Aranda ha explicado que la Consejería tiene competencias referidas al control de calidad y la protección de las figuras de calidad agroalimentaria, “velando por el estricto cumplimiento de las reglas que regulan el uso de las indicaciones geográficas protegidas en toda la cadena de producción”.

En este punto, ha precisado que, a través de la labor desarrollada por Agricultura en la Inspección de Calidad, se han incoado alrededor de 30 expedientes sancionadores en el ámbito del aceite de oliva en la provincia en los últimos años: 13 de ellos por el uso del nombre protegido de una denominación de origen protegida (DOP) o indicación geográfica protegida (IGP) y más de 15 por la designación geográfica en el etiquetado de aceites no amparados por ninguna de estas figuras.

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Por otro lado, la delegada ha valorado el nuevo reglamento europeo que reúne en un único texto legal la regulación de las diferentes figuras de calidad, unifica los procesos administrativos para su tramitación y ofrece un mismo marco de protección a los nombres de las indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos agroalimentarios.

“Estamos avanzando en esta materia, pero no podemos estar satisfechos todavía; debemos seguir trabajando para mejorar las estrategias de defensa de los nombres de nuestras IGP y DOP y mejorar su promoción y comercialización, haciendo llegar ese incremento de renta a agricultores, ganaderos y operadores de la cadena de transformación para contribuir al desarrollo de nuestros pueblos y la fijación de la población al territorio”, ha concluido.


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