MADRID, 19 (EUROPA PRESS)
PNV y Junts han registrado enmiendas conjuntas a la Ley por la que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública con el objetivo de “salvaguardar” las competencias de País Vasco y Cataluña, después de haber retirado en febrero las dos enmiendas a la totalidad que presentaron también por “invasión competencial” a las CCAA.
En primer lugar, llaman a una mejor “definición” de las funciones del organismo –recogidas en el artículo 2 del proyecto de ley– para asegurar que no se invaden competencias de las CCAA, como ya reclamaron en febrero. “Consideramos necesario que la Ley de Creación de la Agencia Estatal de Salud Pública recoja su funcionamiento, organización y funciones con claridad y suficiente detalle, ya que pueden entrar en colisión con las funciones de otras Administraciones Públicas”, se recoge en la enmienda conjunta, a la que ha tenido acceso Europa Press.
Asimismo, piden que esta ley “recoja la necesidad de colaboración y de relación bilateral con otros organismos competentes para el correcto funcionamiento de la misma”.
En lo que respecta al artículo 6, relacionado con la obligación de suministrar datos a la AESAP para establecer controles epidemiológicos, ambos partidos señalan que las administraciones públicas, instituciones, entidades y organismos del sector público y privado, así como las personas físicas o jurídicas de cada territorio deben suministrar los datos “a las CC.AA. u organismos de las mismas de la comunidad a la que pertenezcan”.
“Es imprescindible que sea así, ya que son funciones encomendadas a las CCAA. Es necesario acordar previamente a la aprobación por real decreto en el Consejo Interterritorial los indicadores y datos a suministrar, sin perjuicio de que los organismos competentes en Salud Pública en las CCAA puedan acordar entre ellos bilateralmente o con la Agencia trabajos y datos extras”, se recoge en el documento presentado por PNV y Junts.
En este sentido, para ambos es “necesario” garantizar la interoperabilidad de los diferentes sistemas vigentes en las CCAA y en otras admistraciones competentes en salud pública. También reclaman un “acuerdo previo” entre las mismas, en relación a qué se considera “información necesaria” y de obligado conocimiento para los fines que persigue la Agencia.
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