MADRID, 18 (SERVIMEDIA)
Escuelas Católicas manifestó este miércoles su “sintonía” con Save the Children, “al poner de relieve” en su reciente Informe una reivindicación que la organización educativa lleva “años” exigiendo: “La urgente necesidad de corregir la infrafinanciación que afecta a los centros concertados”.
En un comunicado, Escuelas Católicas señaló que el informe de la ONG de infancia “responsabiliza a las administraciones públicas de crear un efecto segregador al no dotar a los centros concertados de los recursos necesarios” y reconoce que a “corto plazo, lo más urgente es la actualización de los módulos económicos de los conciertos. Objetivo, por cierto, en el que coinciden prácticamente todos los actores políticos relevantes y que formaba parte del acuerdo de gobierno de coalición entre el PSOE y Sumar”.
No obstante, la entidad católica aclaró “afirmaciones” y “conceptos equívocos” que utiliza el Informe de Save the Children sobre la gestión de los centros concertados y su papel en el sistema educativo.
Según Escuelas Católicas, el informe señala que las concertadas contribuyen a la segregación escolar, pero más adelante aclara que el acceso a los centros concertados está limitado por la propia Administración, que es la que genera el efecto segregador al restringir o excluir a sus potenciales alumnos de las ayudas públicas existentes para alumnos de centros públicos. “Con mayor financiación pública, se reducirían las supuestas barreras que impiden a algunas familias acceder a los centros concertados”, subrayó.
Según el Informe, en España se dan las mayores diferencias entre escuelas públicas y concertadas en el perfil socioeconómico de su alumnado, a la vez que advierte de los motivos por los que esto sucede poniendo como ejemplo el caso de Reino Unido y Países Bajos: “En estos países la escuela concertada es mayoritaria y apenas existen diferencias en la composición social entre escuelas públicas y concertadas, en gran parte porque la escuela concertada está financiada plenamente por las administraciones públicas”.
Asimismo, Escuelas Católicas resaltó “el esfuerzo de la comunidad educativa de la enseñanza concertada para compensar la infrafinanciación estructural tiene efecto en los mejores resultados académicos de sus alumnos y aporta claros beneficios sociales”. “Tal como reconoce el Informe que nos ocupa, la mayoría de las escuelas concertadas en España contribuyen a reducir la segregación escolar, igualando al alumnado más vulnerable con el resto de alumnado”, añadió la nota aclaratoria al informe de Save the Children.
Si “el coste de las escuelas concertadas es inasumible para las familias con menos recursos”, es responsabilidad de la Administración, se asegura en dicho Informe.
Además, la organización consideró que es “un malentendido frecuente” lo relativo a las cuotas, y distinguió entre las que se pagan por servicios adicionales como el transporte, el comedor o las actividades extraescolares, y la aportación de las familias, “siempre voluntaria y nunca vinculada al derecho a la educación, tal y como dicta la normativa vigente”.
CRITERIOS DE ADMISIÓN
Las escuelas católicas también aclararon que la normativa de admisión de alumnos en los centros concertados es “idéntica” a la de los centros públicos. “No existe ningún tipo de discriminación ni de selección y los criterios de acceso aplicables son establecidos por la Administración para garantizar la igualdad de oportunidades para todos los estudiantes. Los criterios complementarios de acceso de los que habla el Informe son residuales, afectan por igual a todos los alumnos, y jamás tienen que ver con su capacidad económica”, protestaron.
En definitiva, Escuelas Católicas entiende que para Save the Children “es necesaria una revisión de la financiación y del modelo de gestión que avance en la autonomía organizativa, desde una enseñanza gratuita, pero permitiendo una adecuada gestión financiera de los fondos recibidos”, lo que la organización educativa “lleva años reivindicando” con el compromiso de trabajar “por una educación inclusiva, de calidad y accesible para todos”. “Instamos por tanto a las administraciones públicas a cumplir la Ley, garantizando realmente la gratuidad de la enseñanza con una financiación adecuada”, añadió Escuelas Católicas que insistió en que el esfuerzo de sus centros, instituciones y familias y los consecuentes logros en calidad “no pueden sostenerse indefinidamente sin el apoyo de las administraciones, que tienen la responsabilidad de garantizar que todos los centros sostenidos con fondos públicos reciban los recursos necesarios para cumplir con su misión educativa y con su función social”.
“Es el momento de avanzar hacia una verdadera gratuidad de la educación y de que la Administración asegure que todas las familias, sin excepción, puedan ejercer su derecho a elegir el centro educativo que mejor responda a sus necesidades y valores”, zanjó Escuelas Católicas.
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