MÁLAGA, 17 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía de Málaga señala “un significativo incremento” de los delitos contra la vida en 2023, “con un aumento superior al 14% en el número total de fallecimientos violentos”, contabilizándose un total de 57 diligencias previas por homicidio, frente a 45 del año anterior.
Así consta en la memoria de la Fiscalía Superior de Andalucía referente al ejercicio de 2023, consultada por Europa Press, en la que se precisa, además, que fueron cuatro las diligencias por delitos de asesinato –frente a las nueve del año anterior– y otras once por homicidio imprudente –frente a las ocho en 2022–.
La Fiscalía andaluza recoge en Málaga más de 115.000 diligencias previas y en cuanto a las calificaciones las cifra en total en 14.541 el pasado año. Además, señala que en la provincia se pidieron 532 medidas de prisión provisional, frente a las 557 del año 2022.
Asimismo, la Fiscalía provincial apunta “el notable incremento” que ofrece la estadística anual en delitos contra el patrimonio, “siendo especialmente reseñables” los aumentos en delitos de hurto, robo con fuerza, robo en casa habitada, robo con violencia, extorsión, estafa, usurpación, apropiación indebida, daños o en delitos contra la propiedad industrial.
En cuanto a los delitos de odio, se iniciaron 14 diligencias de investigación penal y se realizaron cuatro escritos de acusación, tres por el artículo 510.2 del Código Penal por homofobia, ideología, o motivos étnicos, y uno por delito contra los sentimientos religiosos.
El ministerio fiscal también aprecia en los delitos contra la administración de justicia “un notable incremento superior al 50% a consecuencia del elevado número de posibles delitos de acusación o denuncia falsa y quebrantamiento de condena o medida cautelar”.
En el ámbito de menores, Málaga presenta un “leve repunte” de delitos de violencia doméstica y contabilizó 25 expedientes de reforma. Además, como todas las demás secciones andaluzas, se señala un aumento de delitos contra la libertad sexual, fruto del consumo excesivo por parte de los menores de las redes sociales y, en particular, de las páginas de pornografía. En Málaga son 69 de expedientes por agresión sexual y tres de abuso.
DROGAS Y DELITOS ECONÓMICOS
En cuanto a los delitos de droga, la memoria de la Fiscalía alude a un incremento “de forma considerable” de grupos y organizaciones transnacionales dedicadas al cultivo y exportación de marihuana, así como de introducción de hachís para su posterior distribución por Europa, especialmente a Italia, Países Bajos y Reino Unido, “con importantes estructuras empresariales para blanquear los beneficios obtenidos en estas operaciones”.
En este contexto, el delegado de esta Fiscalía en Málaga destaca “el incremento en la celeridad de las investigaciones patrimoniales de estas organizaciones”.
En cuanto al tráfico de cocaína, el documento señala que las principales organizaciones encargadas del transporte de dicha sustancia “tienen como base de operaciones los muelles de Algeciras (Cádiz) y Málaga”, este último “en auge” a partir de principios de 2023. Alertan “de la falta de medidas de control suficientes” y reclaman “de manera urgente” la dotación de esos medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Por su parte, la Sección de Delitos Económicos considera “preocupante” que el total de señalamientos de juicios en esta materia haya ascendido a 71 a lo largo del año, de los que finalmente sólo se han celebrado 38 y señala como principales retos esta sección “la necesidad de corregir las dilaciones que sufren estas causas porque los juzgados de instrucción no tienen el personal ni la estructura que permita una investigación ágil, rápida y profunda”.
Asimismo, aconseja la redacción de un protocolo de coordinación con las distintas instituciones encargadas de la investigación de los delitos contra la Seguridad Social “de manera que se aclaren los conceptos, se precisen los perjuicios, se recabe la documentación necesaria en tiempo y forma, se pongan en común cuestiones técnicas y se lleven las causas a buen término”.
Por último, la Fiscalía advierte “fallos en el enfoque de la investigación de los asuntos de fraude de cuotas de la Seguridad Social, en la que no hay trabajo de campo ni se orienta la labor policial para detectar maniobras de alzamiento de bienes”.
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