VALÈNCIA, 17 (EUROPA PRESS)
La Comissió d’Ajuda al Refugiat en València (CEAR) ha denunciado este martes los “obstáculos” para acceder al padrón municipal y, en consecuencia, a otros derechos básicos, así como la “escasez de recursos de acogida” dirigidos a aquellas familias migrantes que se encuentran en situación “de extrema vulnerabilidad social”.
En una resolución del pasado 9 de septiembre, el Síndic de Greuges acordó iniciar una investigación sobre la situación, a raíz de las quejas presentadas desde asociaciones de carácter social o personas individuales y dado que “este registro afecta de manera particularmente intensa a quien se encuentra en situación de riesgo de exclusión o de especial vulnerabilidad, porque es necesaria para el acceso a servicios básicos como, por ejemplo, sanidad, educación, vivienda pública, dependencia, inserción o formación laboral”.
El síndic requiere al consistorio para que informe de cuál es el estado actual de aplicación del Protocolo municipal en materia de empadronamientos especiales, aprobado por el Ayuntamiento en 2022; cuál es el criterio municipal respecto a las personas que residen de manera efectiva en el municipio, pero en situación especial de alojamiento (asentamientos, sin vivienda o sin título, o semejantes) o en qué casos exige a estas personas el empadronamiento para el acceso a trámites y servicios municipales.
CEAR ha indicado en un comunicado que, según la Ley 4/1996, “toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el Padrón del municipio en el que resida habitualmente”, pero las personas migrantes y refugiadas “deben superar importantes barreras para cumplir con la obligación de empadronarse, un deber que también se reivindica como derecho puesto que el empadronamiento es la puerta de entrada a otros derechos básicos”.
Algunos de los obstáculos son que a las personas solicitantes de protección internacional se les continúa solicitando el pasaporte en vigor, aspecto no contemplado normativamente; en menores se solicita el certificado de nacimiento de país de origen apostillado y también el documento de patria potestad del progenitor y progenitora, en este último caso en familias principalmente monomarentales y, en ocasiones, se solicita la autorización del/la propietario cuando el empadronamiento lo realiza el titular del contrato de arrendamiento de la vivienda.
Asimismo, señala que el Ayuntamiento de València establece un procedimiento especial de empadronamiento para los casos que no cumplen con todos los requisitos exigidos en relación a la vivienda y que se encuentran en situación de exclusión social, esto es personas que carecen de techo o sin domicilio fijo o personas que no puedan acreditar la disponibilidad de la vivienda que habitan.
DE SEIS MESES A UN AÑO
Sin embargo, según la entidad, este procedimiento, que está demorando entre “seis meses a un año” y debería resolverse en “un máximo de tres”, “resulta contraproducente ya que hemos tenido conocimiento de personas que han sido desalojadas del lugar donde residen tras la visita de la Policía Local”. Asimismo, critica que la necesidad del padrón “está siendo objeto de negocio en la ciudad” y las personas migrantes “se ven obligadas a pagar para poder empadronarse”.
Otra de las dificultades identificadas es la pérdida del empadronamiento, ya que la inscripción en el Padrón Municipal de las personas extranjeras no comunitarias está sujeta a renovación periódica cada dos años. “Muchas personas han sido dadas de baja en el padrón sin previa notificación, afectando gravemente en su proceso inclusión”, denuncia la entidad.
CEAR critica que el padrón es “imprescindible” y en muchos casos facilita el acceso a derechos básicos y fundamentales como regularizar la situación administrativa de las personas migrantes a través del arraigo; tramitar y renovar la tarjeta sanitaria; acceder a los servicios públicos de formación y empleo; escolarizar a los menores en centros educativos; acceder a prestaciones sociales como el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Valenciana de inclusión y viviendas sociales.
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