El número de inspecciones realizadas desde la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas a centros que forman parte del sistema de protección a la infancia y la adolescencia se ha triplicado en tres años, siendo la mayoría realizadas a instancias de la propia Administración.
Durante 2017 el Servicio de Acreditación e Inspección de Centros y Servicios realizó un total 24 inspecciones a centros de personas menores, cantidad que supera ampliamente las 7 realizadas hace tres años.
De las 24 inspecciones realizadas a centros de menores durante el pasado año, 9 corresponden a centros de la provincia de Alicante, 6 a la provincia de Castellón y 9 a la de Valencia.
El 96% de las inspecciones realizadas a estos centros se han llevado a cabo a instancia de la Dirección General de Infancia y Adolescencia de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. El resto han sido realizadas para comprobación de requerimientos de la Conselleria.
Ampliación de la plantilla Los presupuestos de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas de 2017 incluyeron la dotación económica necesaria para la creación de diez puestos más en el Servicio de Acreditación e Inspección de Centros y Servicios de la Conselleria, que hasta ese año contaba con diez personas. Puestos que se cubrieron con profesionales de larga trayectoria en la Conselleria, tras un proceso público de selección.
De esta manera, el servicio dispone actualmente de 20 profesionales, cumpliendo así con la ratio establecida en la Ley 5/1997, de 25 de junio, que regula el sistema de servicios sociales en el ámbito de la Comunitat Valenciana y que marca un inspector por cada 250.000 habitantes.
Por primera vez, y casi 20 años después de la aprobación de la Ley, la Inspección de Servicios Sociales cuenta con la dotación de efectivos que marca la normativa, imprescindible para velar por los derechos de las personas atendidas en el sistema valenciano de servicios sociales.
El ámbito de actuación del citado servicio se extiende en la actualidad a un total de 1.564 centros, es decir, todos los centros sociales autorizados tanto públicos como privados, y su misión es garantizar que las prestaciones que reciben las personas atendidas reúnen las características y calidad establecidas en la normativa. Asimismo, estos profesionales investigan la existencia de centros que no cuenten con la autorización preceptiva.
Cabe recordar que el citado servicio contaba, al inicio de esta legislatura, con ocho personas para todo el territorio de la Comunitat Valenciana. Con el objetivo de mejorar el control ordinario de la red de centros, en un primer momento se rescataron dos plazas que estaban realizando otras funciones pasando a contar con diez puestos en el servicio.
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