La mujer ‘trans’ acusada de maltrato había solicitado “ayuda y protección” para su hijo menor de edad
MADRID, 16 (EUROPA PRESS)
El Tribunal Supremo ha rechazado una denuncia interpuesta contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por supuesta “transfobia” y “desprotección de menores” por negar presuntamente a una mujer ‘trans’ la asistencia como víctima de violencia de género por haber sido, a su vez, un presunto agresor antes de su cambio de sexo.
En una resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, el Alto Tribunal inadmite el escrito y decreta el archivo de las actuaciones por no ser los hechos atribuidos a la aforada constitutivos de delito.
La Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción (AECC) interpuso el pasado 5 de junio una denuncia contra Ayuso por presunto trato discriminatorio y transfobia por parte de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón por desamparo y abandono de menores.
Los magistrados aducen para el rechazo que “parece que la denuncia se extiende” a Ayuso “exclusivamente en virtud de su cargo, pero sin referir alguna vinculación con los hechos que se reputan, de forma más que discutible, delictivos”.
“No se detecta el más mínimo esfuerzo en la denuncia por describir un comportamiento efectuado por esa denunciada. Según consolidada jurisprudencia en materia de fueros no puede fijarse la competencia de esta Sala más que cuando se compruebe que existen indicios fundados de responsabilidad frente a un aforado”, señala.
“Aquí la anorexia argumentativa respecto de la implicación de la aforada conduce inexorablemente a inadmitir la denuncia por no ser lo hechos que se atribuyen a la misma -presidió la Comunidad autónoma en cuya administración se han producido las conductas- constitutivos de infracción penal”, agrega.
300.000 EUROS
La entidad reclamaba al Gobierno regional y al Ayuntamiento una indemnización por responsabilidad civil subsidiaria de 300.000 euros a la administración autonómica y municipal por los daños causados al menor “durante toda su vida”, así como “las injurias y calumnias con publicidad” que habrían dañado “el derecho al honor, intimidad personal y familiar y propia imagen” de esta persona.
Según relata la AECC, el caso se produjo después de que la Comunidad de Madrid detectara seis casos de hombres que figuran en el sistema VioGén como agresores machistas y que realizaron el cambio registral de sexo.
Uno de ellos habría sido identificado en Pozuelo de Alarcón. En este caso, el presunto agresor trató de acceder al punto municipal del Observatorio de Violencia de Género en el que está siendo atendida su víctima.
SUBRAYAN QUE EL PRESUNTO AGRESOR “JAMÁS FUE CONDENADO”
Sin embargo, AECC subraya que el presunto agresor “jamás fue condenado por ningún caso de violencia de género” a pesar de haber sido sometido “a más de 120 procedimientos judiciales de todo tipo en el juzgado Nº 2 de Violencia sobre la Mujer de Pozuelo de Alarcón” por parte de su expareja “con dolencias psiquiátricas”, subrayan.
La mujer ‘trans’ acusada de maltrato había solicitado “ayuda y protección” para su hijo menor de edad, el cual se encontraba “en evaluación psiquiátrica y en fracaso escolar”, teniendo que abandonar sus estudios.
En este sentido, esta persona defiende que “en ningún caso” solicitó este recurso “para eludir la acción de la justicia u otros intereses espurios”, pero lamentaba que tanto los Servicios Sociales como el Punto del Observatorio de Violencia de Género de Pozuelo de Alarcón le negaron la asistencia al menor “por la condición de transgénero de su madre”, aseguran los denunciantes.
Asimismo, aseguraba que la denuncia fue remitida a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, para que “tomara cartas en el asunto” y resolviera con el Gobierno de la Comunidad de Madrid “esta situación que afecta no solo a las mujeres transgénero, sino a sus hijos también”.
Tras conocerse esta denuncia, fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales consultadas por Europa Press señalaron que “no constaba ninguna comunicación oficial de que esta denuncia haya sido admitida a trámite” y recordaron que la consejera, Ana Dávila, trasladó el pasado mes de marzo a la ministra Ana Redondo la “preocupación” del Gobierno regional por las “fisuras” que está suponiendo en el sistema de protección a víctimas de violencia la Ley 4/2023 para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI.
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