VALLADOLID, 15 (EUROPA PRESS)
La Fundación Franz Weber ha lamentado este domingo que un menor de “muy corta edad” estuviera “a muy poco de sufrir la cogida de uno de los toros” empleados durante los encierros en el término vallisoletano de Arrabal de Portillo, un suceso de “extrema gravedad”, por lo que ha pedido responsabilidades a la Junta, ya que la familia, incluido el menor, “estaba en una zona abierta y sin elementos de seguridad”.
Este núcleo de la provincia vallisoletana evidencia el “claro descontrol” en materia de seguridad que rodea a los actos taurinos en la vía pública, según ha criticado la fundación en un comunicado recogido por Europa Press.
La familia, que pudo sufrir una “enorme tragedia”, se encontraba detrás del quitamiedos justo a la entrada de una de las localidades de este municipio cuando el animal se acercó.
La “excusa” de que el bóvido se escapó del recorrido es para la Fundación Franz Weber un “insulto a la inteligencia que demuestra errores” en la planificación y en la elaboración de contingencias en materia de riesgos, puesto que si un animal sale del espacio señalado “no existe protocolo de urgencia que impida cogidas a todo tipo de personas, incluidas las ajenas a la propia convocatoria”.
A través de conocidas redes sociales se ha publicado un video que muestra el contexto que critican los naturalistas, ya que “tampoco los adultos presentes en la escena son capaces de reaccionar, lo que podría evidenciar un contexto sobrevenido para el cual ni siquiera están preparados”.
“FALLAS” EN LA LEY DE INFANCIA.
Los naturalistas han ido más allá y han explicado que en Castilla y León la Ley 14/2002, de 25 de julio, de promoción, atención y protección a la infancia incluye un artículo muy específico sobre la presencia de menores en actividades lesivas para su integridad física o moral.
El artículo 30, apartado a) resalta la prohibición de acceso: “Aquellos en los que tengan lugar actividades o espectáculos violentos, pornográficos o de contenido perjudicial para el correcto desarrollo de su personalidad”.
Con todos estos antecedentes la ONG internacional, con estatus consultivo ante el Comité de los Derechos del Niño (CDN) de Naciones Unidas, ha pedido explicaciones al Ejecutivo autonómico, responsabilidades que también se podrían hacer extensibles a los adultos que trasladaron al menor a esa situación de riesgo.
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