VIGO, 13 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo acogerá la próxima semana un juicio contra el presidente de la Comunidad de Montes Santa Mariña de Cabral, Luis Rodríguez, así como contra otras dos personas por la supuesta comisión de un delito contra la ordenación del territorio derivado de la construcción de un galpón en el ámbito del plan de regeneración del corredor natural del río Lagares.
Para cada uno de ellos Fiscalía pide un año y tres meses de prisión, así como una multa de 4.500 euros, además de la demolición de dicha construcción y la reposición del terreno a su estado original.
Según recoge el Ministerio Público en su escrito de acusación, los hechos se remontan a 2014, cuando se iniciaron las obras de edificación del galpón. Tras una denuncia vecinal, la Policía Local notificó a los promotores que tenían que parar la obra, ya que no contaban con licencia.
Fue en 2016 cuando una inspección municipal constató que se estaban construyendo de nuevo paredes y, en verano de 2017, se terminó el galpón, que quedó unido a otra edificación preexistente a través de una nueva cubierta.
Ahora, Fiscalía pide más de un año de cárcel para el presidente de la Comunidad de Montes, para el dueño de los terrenos y para la hija de este, a la cual se le cedió la parcela. Todo ello por promover las obras.
MÁS CAUSAS ABIERTAS
Al respecto, en un comunicado, la Plataforma Galega de Afectados por Comunidades de Montes ha asegurado que la situación de Rodríguez y de su junta directa es cada días “más delicada”, ya que no solo afronta “numerosos procesos derivados del saqueo de naves industriales o parcelas privadas”, sino que también “se empiezan a conocer procedimientos en los últimos tiempos claramente susceptibles de seguir también la vía penal, como el del galpón al lado del Lagares”.
Precisamente, en los últimos días, salió a la luz otro proceso judicial contra el presidente de los comuneros de Cabral y otras dos personas por un presunto delito contra el medio ambiente al ejecutar otras obras cerca del nacimiento de dicho río.
Una actuación que fue denunciada en octubre y que ya provocó la imposición de una sanción de casi 100.000 euros a la Comunidad por parte de la Dirección Xeral de Patrimonio Natural de la Xunta.
La Plataforma de Afectados ha asegurado que, en el caso del galpón, al carecer de licencia, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística concluyó que las obras eran ilegales, tras un informe previo del Ayuntamiento. Así, se ordenó su demolición.
“Semanas atrás se estuvo trabajando en el derrumbamiento de la construcción, en un evidente intento de minimizar las consecuencias de una posible condena”, han añadido.
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