MADRID, 13 (EUROPA PRESS)
Un total de 43.655 hectáreas (ha) se han quemado en 2024 en incendios forestales, lo que supone 35.994 ha menos que 2023, según el informe de seguimiento que ha publicado la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Con respecto a la última década, han ardido un 47% menos de hectáreas.
Del total de 4.961 fuegos que se han producido este año, el 71% han sido conatos, es decir, se extinguieron antes de quemar una hectárea. De los restantes, 17 han acabo desembocando en grandes incendios forestales, es decir, que afectaron a más de 500 hectáreas. En concreto, en estos 17 sucesos ha ardido una superficie estimada de 17.287 hectáreas, casi el 40% del total.
Además, el informe de Protección Civil ha informado de que un total de 64 fuegos han tenido consecuencias para la población o sus bienes. Así, en 39 de ellos se han realizado evacuaciones preventivas que han afectado a 4.305 personas; y en un total de 45 se han registrado daños en las infraestructuras, cortes de carreteras, ferrocarril o eléctricos.
Asimismo, se han notificado un total de cinco fallecimientos como consecuencia directa de incendios forestales, uno perteneciente al dispositivo de extinción y cuatro ciudadanos ajenos a la intervención. En este mismo sentido, 26 personas han tenido que ser atendidas en diez incendios de las que 13 pertenecían al dispositivo de extinción.
Por último, tal y como ha detallado Protección Civil, en 15 de los 17 grandes incendios que se han registrado hasta este punto de 2024, han intervenido medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y en cuatro, la Unidad Militar de Emergencias (UME). Hasta el 8 de septiembre, ha habido 190 activaciones de planes autonómicos de protección civil por incendios forestales, casi la mitad en la Comunidad Valenciana. Además, se han registrado ocho activaciones que requerían el apoyo de la UME: Tárbena (Alicante), Valverdejo (Cuenca), Benasau (Alicante), La Estrella (Toledo), Corbalán (Teruel), Trabazos (Zamora), Astorga (León) y Crecente (Pontevedra). El 32% han requerido la intervención de medios de la Administración General del Estado (AGE).
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