GRANADA, 13 (EUROPA PRESS)
La Fiscalía ha retirado este viernes su acusación para dos de los tres miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) acusados de un delito de desorden público tras los actos de protesta que llevaron a cabo el 4 de marzo de 2021 en la Delegación de Turismo de la Junta por un despido.
El Juzgado de lo Penal número 3 de Granada ha acogido el juicio contra estas tres personas que inicialmente se enfrentaban a peticiones de hasta cinco años de cárcel, lo cual ha sido objeto de críticas tanto desde el propio SAT, que ha vuelto a concentrarse este viernes a las puertas de los juzgados, como de Adelante Andalucía, que llevó el asunto al Parlamento de Andalucía hace unos meses.
La Fiscalía, que inicialmente solicitaba una condena de un año y tres meses de prisión para cada uno de los acusados, ha retirado los cargos contra dos de ellos y ha rebajado a ocho meses de multa su petición para el tercero, según han detallado a Europa Press fuentes del caso.
Ello ha propiciado que una de las acusadas haya quedado absuelta y fuera del proceso, después de que la Junta también haya retirado su acusación contra ella, aunque la ha mantenido contra los otros dos por delitos de desórdenes públicos y allanamiento de domicilio de personas jurídicas.
El Gobierno andaluz solicitó inicialmente una condena de cinco años de prisión por delitos de desorden público, de amenazas y coacciones o, alternativamente, un año y medio de prisión; pero ni las amenazas ni las coacciones se han llegado a enjuiciar al no quedar incluidas en el auto por el que se decretó la apertura del juicio oral.
La defensa, ejercida por la letrada María Gallego Cano, ha pedido la absolución para los dos miembros del SAT que siguen acusados en el proceso al entender que sus clientes no propiciaron ningún tipo de altercado y ha pedido la condena en costas de la Junta al considerar que ha actuado de mala fe.
Para la letrada, la versión de sus clientes se ha visto refrendada por la declaración durante la vista de uno de los cargos policiales acerca de lo ocurrido, y en la que ha relatado que fueron “seis o siete personas, entrando en actitud muy pacífica y que salieron de manera voluntaria”, sin que se le trasmitiera en ese momento que se hubieran producido desórdenes públicos.
Fruto de ello, este cargo policial ha revelado que los sindicalistas no fueron aquel día ni identificados ni detenidos, mientras que el vigilante de la puerta ha refrendado esta misma versión. El caso ha quedado visto para sentencia.
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