ALMERÍA, 13 (EUROPA PRESS)
El 46% de los conflictos colectivos abordados en el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla) durante el primer semestre de 2024 se han resuelto con un acuerdo gracias a las labores de mediación.
El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Amós García Hueso, ha destacado “la utilidad de este instrumento al servicio del diálogo y la negociación para mejorar las relaciones laborales y las condiciones de trabajo en nuestra provincia”.
En una nota, ha apuntado que este porcentaje de avenencia “es más de 13 puntos superior a la media andaluza, que se ha situado en el primer semestre del año en el 32,4%”. Además, según ha advertido, Almería presenta la segunda mejor cifra de avenencia en las provincias andaluzas, sólo por detrás de Jaén (47,8%).
Entre enero y junio de este año se han presentado en el Sercla en Almería un total de 43 expedientes por conflictos colectivos que afectaban a 45 empresas y 6.984 personas trabajadoras, así como 122 expedientes correspondientes a conflictos individuales, con otros tantos trabajadores implicados.
De los 43 expedientes de conflictos colectivos presentados, 37 se han tramitado de manera efectiva, y de ellos 17 (el 45,9%) han finalizado con acuerdo entre las partes. De los 43 expedientes, 24 eran previos al inicio de procedimientos judiciales, siete eran previos a la huelga y 12 expedientes eran de otros tipos.
Los acuerdos alcanzados con apoyo del servicio de conciliación y mediación del Sercla han permitido avanzar en las negociaciones entre la parte social y empresarial, pactando medidas concretas relativas a la reducción de la jornada anual de trabajo, los horarios, pluses o aumento progresivo de salarios, reclamación de cantidades y el compromiso para fijar un calendario de negociación colectiva, entre otras cuestiones.
De los 43 expedientes presentados en Almería, 22 eran de ámbito local, 19 de ámbito provincial y los restantes de ámbito comarcal. En cuanto al ámbito funcional, 18 de los expedientes eran de sector (41,8%) y afectaban a 19 empresas y 2.012 trabajadores; también se han presentado 25 expedientes de ámbito empresarial que afectaban a 4.972 empleados de 26 empresas. Todos los expedientes registrados son de ámbito privado.
El 93% de los expedientes fueron iniciados por organizaciones sindicales y el resto por asesorías y una representación unitaria. Los principales motivos aducidos en estos conflictos han sido las desavenencias surgidas en cuanto a jornada laboral y salarios, así como en cuanto a la falta de negociación colectiva efectiva. El sector más afectado ha sido el de servicios, que ha acaparado casi el 90% de los expedientes tramitados.
Con respecto a los conflictos laborales de carácter individual en los que ha intervenido al Sercla en el primer semestre de este año, se han presentado 122 expedientes en la provincia, todos de ámbito privado, de los cuales han tenido una tramitación efectiva 101, finalizando con un porcentaje de acuerdo del 14,8%, en 15 de los conflictos tramitados.
La mayoría de los conflictos individuales registrados, el 81,1%, tenían su origen en el régimen disciplinario y en el 11,9% de estos casos se ha conseguido, con la mediación del Sercla, alcanzar acuerdos entre las partes.
TRAMITACIÓN ONLINE
El Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), que gestionas el Sercla, inició en marzo de 2020 un sistema de mediación on line pionero que se ha generalizado desde octubre de 2021 en todos los conflictos, y que incluso ha propiciado la firma de convenios colectivos negociados por completo por videoconferencia, como el del manipulado hortofrutícola de Almería el año pasado.
Andalucía cuenta desde 1999 con un Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales propio, el Sercla, nacido de la mano del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), organismo adscrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, del que forman parte las organizaciones empresariales y sindicales más representativas de la Comunidad Autónoma. Este sistema se crea con un triple objetivo: evitar la judicialización excesiva de la conflictividad laboral, favorecer la autonomía colectiva y sus medios propios de solución.
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