MADRID, 12 (SERVIMEDIA)
Un grupo de expertos reunidos por Cepsa propone reformar el sistema de ayudas a la compra de vehículos eléctricos volviendo a sistemas como el Plan Renove, pudiendo aplicar el descuento directamente en los concesionarios, o diseñar otros incentivos, como ayudas directas en forma de desgravaciones fiscales.
Este fue uno de los temas tratados en una jornada impulsada por Cepsa, donde políticos de distintas formaciones y expertos debatieron las medidas de consenso para abordar las principales barreras para el desarrollo del vehículo eléctrico y la descarbonización del transporte en España.
Durante la sesión, se propuso también la creación de un mapa de puntos de recarga o la apertura de una ventanilla única para simplificar trámites administrativos. Actualmente España se encuentra lejos de la media europea en despliegue de infraestructura y parque de vehículos electrificados, por lo que su impulso es una prioridad ambiental, económica y social.
Según los participantes en este foro, el desarrollo de una red pública de puntos de carga es fundamental para reducir la dependencia de la carga en garajes privados, ya que en España -a diferencia de otros países- el 65% de los vehículos no dispone de esta opción.
Por ello, demandaron una infraestructura accesible y distribuida equitativamente, similar a la actual en estaciones de servicio para combustibles tradicionales, que garantice la cobertura necesaria en las zonas de mayor tráfico y en áreas rurales.
Otro de los grandes consensos a los que se llegó fue la necesidad de agilizar la tramitación y homogeneizar los procesos de autorización entre las autonomías y los distintos niveles de la Administración de los puntos de recarga y de concesión de las ayudas a la compra.
Asimismo, se trasladó la necesidad de simplificar los trámites administrativos para acelerar la tramitación del refuerzo de capacidad de la red eléctrica en aquellos puntos donde se proyecta una mayor demanda y se destacó la necesidad de incluir la infraestructura de recarga en los planes generales de ordenación urbana y considerarlos bienes de interés general o utilidad pública.
Por último, se planteó la creación de un centro de asistencia digital único, accesible para todas las empresas promotoras de puntos de recarga que dé visibilidad sobre los procesos administrativos.
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