CÁDIZ, 12 (EUROPA PRESS)
El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha anunciado este jueves que la Junta de Andalucía está preparando un Observatorio de la Justicia Juvenil para contar con datos actualizados que permitan adecuar el trabajo con los menores infractores a las necesidades y en el que los abogados “también van a poder aportar su visión”.
Nieto ha inaugurado en Cádiz las I Jornadas Nacionales de Menores y Adolescencia ‘Protegiendo Infancia, Defendiendo Derechos’, organizadas por el Consejo de la Abogacía Española, que durante hoy y este viernes reúne a jueces y fiscales de menores, profesionales de la Abogacía y de entidades sociales especializados, ha indicado en una nota la Junta.
El consejero ha defendido que si la justicia en general es “fundamental para garantizar la calidad de una democracia”, el sistema de Justicia Juvenil es “particularmente importante” porque permite dar “una segunda oportunidad” a los menores infractores y “recuperarlos para la sociedad”.
En este sentido, ha puesto en valor que Andalucía es “una referencia a nivel español y europeo” en el trabajo con estos jóvenes y, por ello, para seguir mejorando, “en los próximos meses” se pondrá en marcha una herramienta “pionera” de análisis y mejora como es este Observatorio Andaluz de Justicia Juvenil.
En opinión de Nieto, la Justicia Juvenil es “una justicia pionera” que está incorporando reformas e iniciativas “que se van a ir aplicando y que demuestran que vale la pena hacer esa apuesta por los más jóvenes, por las personas que cuando están empezando a madurar tienen la desgracia de enfrentarse a una situación difícil o que viven en un entorno que le empuja a esa situación”.
“La Justicia tiene que salvarlos de esa situación y no generar una condena que le dure de por vida”, ha añadido.
Además, ha subrayado la profesionalidad y vocación de los profesionales que trabajan en los centros y servicios gestionados por la Junta de Andalucía, donde los menores infractores cumplen las medidas impuestas por los jueces. En ellos, psicólogos, educadores y trabajadores sociales les dotan de herramientas jurídicas, psicológicas y sociales “para poder superar los problemas que le han llevado ahí y reintegrase en la sociedad”.
Para el consejero, el presupuesto destinado a estos centros “no es un gasto sino una inversión” para tener “una mejor sociedad y las garantías de desarrollo y solidaridad entre todos”.
En Andalucía hay 13 Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) con 701 plazas –dos de ellos en la provincia de Cádiz–, donde los menores infractores cumplen medidas privativas de libertad en régimen cerrado, semiabierto, abierto o en unidades terapéuticas en aquellos casos en los que presentan trastornos de conducta o adicciones.
Según datos de la Junta, en el primer semestre del año han pasado por los CIMI La Marchenilla y Bahía de Cádiz 105 menores. Además, hay 16 Grupos Educativos de Convivencia, un recurso especialmente utilizado en casos de violencia filioperantal, así como centros de día para realizar tareas socioeducativas.
La Consejería también tiene convenios con más de 200 ayuntamientos y decenas de ONG para que los menores cumplan medidas de medio abierto como prestaciones en beneficio de la comunidad colaborando con los servicios municipales y realizando tareas de voluntariado que les permite tomar conciencia de otras realidades. Entre enero y junio, 509 menores han cumplido medidas no privativas de libertad en la provincia.
El perfil mayoritario de los menores infractores es el de varones, de 16 a 17 años y nacionalidad española y los delitos más frecuentes son los de lesiones y hurtos. No obstante, están apareciendo nuevas conductas conflictivas en torno al uso de internet o las redes sociales.
Por su parte, el presidente del Consejo de la Abogacía Española, Salvador González, ha incidido en “la disposición e interés” de los profesionales de la Abogacía para aportar “soluciones para un futuro con oportunidades para nuestros menores”, y se ha referido especialmente a la necesidad de abordar la situación de los menores extranjeros no acompañados.
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