MADRID, 11 (SERVIMEDIA)
Las reclamaciones económico-administrativas presentadas ante los tribunales experimentaron un aumento del 32% desde 2019, según los datos aportados por el presidente del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), José Antonio Marco, y el presidente del Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña (TEARC), Xavier Suñé.
El Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF), órgano especializado en fiscalidad del Consejo General de Economistas (CGE), celebró este miércoles una jornada conmemorativa por el centenario del TEAC, en la que se abordó el impacto y la evolución de los tribunales económicos-administrativos a lo largo de estos cien años, y se expusieron datos estadísticos sobre los recursos gestionados por estos tribunales.
Así, entre los años 2019 y 2023 las reclamaciones económico-administrativas presentadas ante los tribunales económico-administrativos experimentaron un aumento del 32%, pasando de 180.916 en 2019 a 239.177 en 2023. Sin embargo, en el mismo periodo, el personal encargado de gestionar estas reclamaciones sufrió una importante reducción.
En concreto, el número de trabajadores cayó un 13%, pasando de 782 empleados en 2019 a 681 en 2023. Por otro lado, los tribunales lograron reducir el nivel de pendencia -la cantidad de casos pendientes de resolución- en un 40% en cinco años (de 268.340 en 2019 a 162.289 en 2023).
Además, los participantes expusieron datos sobre las reclamaciones estimadas a favor del contribuyente (93.928), desestimadas (129.023) y archivadas (30.314) en 2022. Las reclamaciones estimadas a favor del contribuyente representaron el 37% del total.
En su intervención, el presidente del CGE, Valentín Pich, puso en valor la labor desarrollada por los tribunales económico-administrativos, pero alertó sobre “la intrincada telaraña de normativa tributaria” que “constituye uno de los principales obstáculos para una gestión eficiente”.
“La excesiva complejidad en la interpretación de las normativas fiscales no solo genera incertidumbre entre los contribuyentes, sino que también aumenta la litigiosidad”, defendió, por lo que “sería fundamental simplificar y clarificar las normativas para facilitar la labor de los tribunales económico-administrativos”.
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